La Cámara de Diputados de Buenos Aires archivó las actuaciones internas vinculadas al caso del puntero político Julio «Chocolate» Rigau, por lo que no entregará a la fiscal Betina Lacki los documentos que identifiquen a los legisladores que designaron a los empleados cuyas tarjetas utilizaba para cobrar haberes. La decisión se aprobó el 28 de mayo en una votación sin debate.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dispuso el archivo de las actuaciones internas vinculadas al caso del puntero político Julio «Chocolate» Rigau y, por lo tanto, no responderá a la fiscal que investiga la causa quiénes fueron los legisladores que designaron a los empleados cuyas tarjetas utilizaba el puntero para cobrar sus haberes.
La decisión de archivar esa documentación fue aprobada en mayo en un trámite exprés en la Cámara baja.
La fiscal de la causa, Betina Lacki, requirió hace más de un año y medio esa documentación. Ante las reiteradas evasivas, el juez de garantías Federico Atencio emitió una orden de presentación para exigir la entrega de los papeles.
Sin embargo, la respuesta formal de la Cámara, firmada por el secretario Legislativo, fue que no proporcionarán los documentos porque fueron incluidos dentro de un proyecto de resolución general que, posteriormente, fue archivado.
Según se pudo conocer en el informe, la aprobación de esta resolución ocurrió durante la primera sesión ordinaria del año, celebrada el 28 de mayo.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto que, bajo el argumento de «ratificar lo actuado por la mesa ejecutiva», incluyó casi 8.000 resoluciones administrativas, entre las cuales se encontraban los expedientes del caso Rigau.
La votación se resolvió en menos de un minuto sin debate ni objeciones y su tratamiento sobre tablas se aprobó rápidamente.
En aquella jornada, en el recinto se encontraban representantes de todas las fuerzas políticas (Unión por la Patria, La Libertad Avanza —con la presencia de Francisco Adorni—, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica). El único diputado que se desmarcó de la maniobra fue Cristian Castillo, del Frente de Izquierda.
Obstáculos
De esta forma, la Justicia afrontará un obstáculo para avanzar en la identificación de los responsables de la malversación de fondos a las arcas provinciales, es decir, quiénes fueron los legisladores que solicitaron los nombramientos.
La investigación judicial se originó a mediados de 2023 tras un episodio ocurrido en una sucursal de 7 y 54 del Banco Provincia.
Por aquel entonces, un cliente que se encontraba en el sector de los cajeros automáticos en plena madrugada advirtió la presencia de un hombre que realizaba múltiples extracciones de dinero utilizando decenas de tarjetas de débito diferentes.
Ante la sospecha, el testigo alertó a las autoridades policiales, quienes procedieron a la detención del individuo, identificado como Julio «Chocolate» Rigau. En su poder se secuestró una gran cantidad de dinero en efectivo y un fajo de tarjetas pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara.
La pesquisa posterior reveló que Rigau no actuaba solo y que el modus operandi se repetía todos los meses. Los titulares de las tarjetas eran, en su mayoría, empleados contratados que no prestaban servicios reales en la Legislatura o que, a cambio de mantener el beneficio de la obra social y los aportes jubilatorios, entregaban el plástico y la clave bancaria al puntero para que retirara el salario íntegro.
Este esquema, que funcionaba de manera sistemática, expuso un mecanismo de desvío de fondos públicos que involucra a las máximas esferas del poder político bonaerense y que, según estimaciones periodísticas, representaría un desfalco cercano a los 4.000 millones de pesos.
Por esta causa fueron detenidos, además de Rigau, los dirigentes peronistas platenses Claudio y Facundo Albini.
Fuente: Agencia DIB.