El senador provincial Pablo Petrecca (PRO) reiteró su pedido para que se trate su iniciativa que regula las comunicaciones en unidades penitenciarias bonaerenses, presentada hace 175 días, luego de que se conociera una investigación por presunta extorsión en la que parte de la maniobra se habría realizado desde la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín.
El senador provincial Pablo Petrecca (PRO) volvió a reclamar el tratamiento de su proyecto para ordenar y controlar el uso de celulares en las cárceles bonaerenses, tras conocerse un nuevo caso de extorsión en el que parte de la maniobra habría sido realizada desde la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín. La iniciativa lleva 175 días presentada en el Senado.
«Otra vez un delito que habría sido cometido, en parte, desde una cárcel bonaerense. Y otra vez tenemos que preguntarnos lo mismo: ¿cuántos casos más hacen falta para que Kicillof tome una decisión?», sostuvo Petrecca.
El planteo del senador se produjo luego de conocerse una investigación por una presunta extorsión mediante chantaje contra un hombre de 59 años. En el marco de la causa se realizaron allanamientos en distintos puntos de Junín y en la Unidad Penitenciaria N° 16, ya que la investigación determinó que uno de los presuntos involucrados se encontraba alojado en ese establecimiento y que parte de la maniobra habría sido desarrollada desde allí.
Para Petrecca, el episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema sobre el cual viene reclamando desde hace meses: el control de las comunicaciones de las personas privadas de su libertad en las cárceles de la Provincia.
«Hace 175 días presentamos un proyecto para ordenar y controlar el uso de celulares en las cárceles. Pasaron casi seis meses y todavía seguimos esperando. Mientras tanto aparecen nuevos casos de estafas, amenazas y extorsiones vinculados al uso de teléfonos desde establecimientos penitenciarios», afirmó.
La iniciativa presentada por Petrecca propone modificar el actual esquema de comunicaciones dentro de las unidades penitenciarias y establecer un sistema regulado y supervisado por el Estado. El senador viene reclamando su tratamiento desde abril y, durante septiembre, volvió a plantear públicamente la necesidad de avanzar con la discusión legislativa.
«El problema está a la vista. No estamos hablando de una hipótesis: aparecen investigaciones judiciales en las que los teléfonos dentro de las cárceles forman parte de las maniobras investigadas. Lo que falta es una decisión política para enfrentar el problema», señaló.
Petrecca agregó: «Donde debería haber seguridad no puede generarse más inseguridad. Y donde debería terminar el delito no podemos permitir que el delito continúe a través de un teléfono celular. Cada nuevo caso nos recuerda que seguimos perdiendo tiempo».
Finalmente, el presidente del bloque PRO volvió a reclamar una respuesta del gobierno provincial: «Nuestro proyecto lleva 175 días esperando. Kicillof tiene que explicar qué piensa hacer frente a esta situación. Los bonaerenses necesitan una respuesta y el Estado tiene la obligación de darla».