La Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon no alcanzaron un acuerdo en la instancia de conciliación por el conflicto en torno al complejo de Punta Mogotes. El juez Simón Isacch deberá resolver sobre la medida cautelar presentada por el Municipio para frenar la licitación de los balnearios.
La Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon no lograron un acuerdo en la cuarta audiencia de conciliación realizada el 31 de agosto, según informó el diario La Capital. Las partes habían solicitado un nuevo plazo para continuar las tratativas, pero no se arribó a un entendimiento. El Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 había otorgado 72 horas adicionales, que vencieron sin resultados.
Fuentes de la Provincia y del Municipio coincidieron en que, agotadas las instancias de negociación, ahora se espera la definición del juez Simón Isacch. Las audiencias anteriores se habían realizado el 30 de junio y el 4 y 18 de agosto.
Con el cierre de la conciliación, el juez reanudó los plazos procesales y deberá resolver sobre la medida cautelar presentada por el Municipio a mediados de año para detener el proceso de licitación anunciado por la Provincia. También permanece pendiente la resolución sobre la demanda principal iniciada por la comuna, que busca cancelar la deuda existente con la Administración Punta Mogotes (APM) y avanzar con el traspaso del complejo a la órbita municipal.
Punta Mogotes está bajo administración de la APM desde hace más de cuatro décadas. El organismo está integrado en un 70% por la Provincia y en un 30% por la Municipalidad. En agosto de 2024, el Municipio inició un reclamo para recuperar el control de los balnearios, que fue rechazado por la Provincia y derivó en una demanda judicial.
En mayo de este año, el gobierno provincial anunció el inicio de un proceso que culminaría con el traspaso del complejo. La administración provincial también confirmó la prórroga de las concesiones hasta abril de 2027, anunció una licitación pública para ejecutar obras de modernización integral y anticipó que el Municipio recibiría el complejo una vez finalizadas las intervenciones.
La propuesta fue rechazada por la gestión municipal, que planteó que la Provincia no podía avanzar unilateralmente con modificaciones sobre el predio mientras esté pendiente la resolución de la controversia de fondo. Por ese motivo, presentó una medida cautelar para frenar la compulsa y cualquier innovación sobre Punta Mogotes.
Con el fracaso de la última instancia de conciliación, el expediente vuelve al ámbito judicial. El juez Isacch deberá resolver, en primer término, si hace lugar al pedido del Municipio para suspender la licitación, mientras continúa pendiente la definición sobre la cuestión de fondo vinculada al control y futuro traspaso del complejo.