La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó hoy un proyecto que actualiza la normativa antidiscriminación, incorpora nuevas categorías protegidas y modifica la carga de la prueba en casos judiciales.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción este miércoles a un proyecto de ley que refuerza la protección contra actos de discriminación en el territorio bonaerense. La iniciativa amplía las conductas que pueden ser consideradas discriminatorias y establece cambios en el proceso judicial para estos casos.
El proyecto fue presentado por el vicepresidente de la Cámara, Aléxis Guerrera, del Frente Renovador, y busca actualizar la Ley Nacional Antidiscriminación N° 23.592, sancionada en 1988, a la vez que otorga a la provincia una normativa propia en la materia.
Durante la sesión, Guerrera fundamentó la iniciativa y señaló que “un sector de la política argentina viene militando fuerte para poner al racismo o la discriminación de moda”. Agregó que “lo dicen en sus redes sin sonrojarse, lo dicen a micrófono abierto sin escuchar que posteriormente se retracten”. En ese marco, sostuvo: “No quiero ser cómplice de esto. Nos puede salir muy caro como sociedad”.
Contenido del proyecto
El texto aprobado incorpora nuevas categorías protegidas en la evaluación de actos discriminatorios, entre ellas: color de piel o etnia; origen nacional o social; situación migratoria; lengua o idioma; edad; estado civil; situación o responsabilidad familiar; trabajo u ocupación; condiciones de discapacidad o salud; perfil genético; situación penal o antecedentes penales; y hábitos personales, sociales o culturales.
Uno de los puntos centrales es la modificación de la carga de la prueba en los procesos judiciales. Según el proyecto, la parte actora deberá probar únicamente los hechos denunciados, mientras que la parte demandada deberá aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, sobre el carácter no discriminatorio de su conducta. Si se acredita el hecho y la pertenencia del denunciante a un grupo históricamente discriminado, se presumirá la existencia de un acto discriminatorio, presunción que podrá desvirtuarse con pruebas de razonabilidad y legitimidad.
Guerrera explicó que “todos sabemos lo que ocurre hoy con las denuncias por discriminación. Frente a la violación de estos derechos, los organismos competentes suelen tratarlos como derechos de segunda categoría y se archivan porque nadie tiene la obligación específica de investigarlos, con víctimas a las que se les exige probar lo imposible. El resultado es un círculo perverso: el derecho existe en el papel, pero su vulneración queda impune, y esa impunidad enseña a la sociedad que discriminar no tiene consecuencias”.
El proyecto pasará ahora al Senado bonaerense para su debate.