La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) formalizó una denuncia contra la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) por presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria. El conflicto afecta la operatoria portuaria en Bahía Blanca, con más de 400 camiones demorados.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) presentó una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo contra la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) por presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. La entidad empresaria solicitó la intervención urgente de la autoridad laboral y la aplicación de sanciones.
Según la CPPC, la situación más delicada se registra en el complejo portuario de Bahía Blanca, donde delegados sindicales habrían comunicado a las empresas terminales la decisión de no realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o la reasignación temporal de trabajadores entre distintos sectores operativos. Las horas extras son voluntarias, pero la Cámara sostiene que constituyen una práctica habitual en el esquema de trabajo continuo de la actividad agroexportadora.
Como consecuencia de estas medidas, la entidad indicó que más de 400 camiones permanecen demorados o varados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca, afectando el transporte terrestre, la logística y el cumplimiento de compromisos de exportación.
En paralelo, la CPPC defendió la propuesta salarial presentada en la negociación paritaria previa al dictado de la conciliación obligatoria. La oferta contempla una recomposición anual del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026, porcentaje que, según afirmaron, se ubica por encima de las proyecciones oficiales de inflación. Además, incluye una suma extraordinaria de $359.095 para los trabajadores de tercera categoría, con montos proporcionales para el resto de las escalas y un esquema de pago en dos cuotas consecutivas a partir de agosto.
La Cámara señaló que la propuesta busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestionó que el sindicato haya mantenido medidas que afectan la actividad pese a la vigencia de la conciliación obligatoria. El conflicto se desarrolla en un momento clave para la cadena agroexportadora, uno de los principales sectores generadores de divisas del país.