La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) presentó una denuncia formal contra la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) por presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria. El conflicto afecta la operatoria en el puerto de Bahía Blanca, con más de 400 camiones demorados.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) presentó una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo contra la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) por presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. La entidad empresaria solicitó la intervención urgente de la autoridad laboral y la aplicación de sanciones.
Según la CPPC, la situación más delicada se registra en el complejo portuario de Bahía Blanca, donde delegados sindicales comunicaron a las empresas terminales la decisión de no realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o la reasignación temporal de trabajadores entre distintos sectores operativos. Las horas extras son voluntarias, pero la Cámara sostiene que constituyen una práctica habitual en el esquema de trabajo permanente de la actividad agroexportadora, que opera bajo un régimen de funcionamiento continuo durante todo el año. La imposibilidad de reorganizar personal entre áreas afecta la recepción de granos y dificulta la prestación de servicios.
Como consecuencia de estas medidas, la entidad indicó que se registran más de 400 camiones demorados o varados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca, situación que impacta sobre el transporte terrestre, la logística y el cumplimiento de compromisos de exportación.
En paralelo, la CPPC defendió la propuesta salarial presentada en la negociación paritaria previa al dictado de la conciliación obligatoria. La oferta contempla una recomposición anual del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026, porcentaje que, según la entidad, se ubica por encima de las proyecciones oficiales de inflación. Incluye además el pago de una suma extraordinaria de $359.095 para los trabajadores de tercera categoría, con montos proporcionales para el resto de las escalas y un esquema de cancelación en dos cuotas consecutivas a partir de agosto.
La Cámara señaló que la propuesta busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestionó que el sindicato haya decidido mantener medidas que afectan la actividad pese a la vigencia de la conciliación obligatoria. El conflicto se desarrolla en un momento clave para la cadena agroexportadora, uno de los principales sectores generadores de divisas del país.