El Gobierno intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones en los puertos del país, tras el paro por tiempo indeterminado en la Hidrovía.
El Gobierno intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos del país, tras el conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado.
La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías.
Ante la profundización del impacto económico por el paro que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina (PNA), en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente.
Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.
La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.
Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.