La Fiscalía de San Carlos de Bariloche cuestionó la decisión judicial que otorgó el arresto domiciliario a Rudnev Konstantin, acusado de liderar una presunta secta con fines de trata de personas.
La Fiscalía de San Carlos de Bariloche, a cargo de Fernando Arrigo, apeló la prisión domiciliaria otorgada por la Oficina Judicial de General Roca a Rudnev Konstantin, considerado el líder ruso de una presunta secta con fines de trata de personas detectada en Río Negro.
La decisión fue adoptada el 23 de abril por los jueces de Revisión del Distrito General Roca, Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, quienes hicieron lugar parcialmente al planteo de la defensa y dispusieron que el imputado cumpla la prisión preventiva en un domicilio de la localidad bonaerense de San Vicente.
Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la medida quedaba sujeta a condiciones como el uso de tobillera electrónica, el pago de 30 millones de pesos como caución, la prohibición de acercamiento a las víctimas y que la resolución quedara firme.
En la impugnación, la fiscalía sostuvo que “la resolución no constituye una derivación razonada del ordenamiento adjetivo vigente e incurre en una clara y manifiesta arbitrariedad fáctica y normativa”. También afirmó que la resolución fue producto de una “valoración parcial, fragmentada y errónea de los elementos de convicción”.
Otro punto expuesto por el Ministerio Público Fiscal es que, respecto del criterio de “proporcionalidad en el tiempo”, “esa variable no puede evaluarse de manera automática, sino en correlato con el estado del caso, en función de las características y gravedad del mismo”.
Se criticó también que el imputado cumpliría la prisión domiciliaria junto a una mujer investigada en la causa, aunque no imputada, y que el inmueble está situado “a más de 1.400 kilómetros del asiento del tribunal”.
Sobre el monitoreo electrónico, la fiscalía remarcó que el dispositivo no supervisa el contacto con terceros ni advierte sobre la posible comisión de nuevos delitos.
Además, el MPF insistió en el peligro de fuga y recordó la condena previa del imputado en Rusia de 11 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, actos de violencia sexual y delitos de estupefacientes. También señaló que al ser detenido en el aeropuerto de Bariloche planeaba huir y se autolesionó con una hoja de afeitar.
Por su parte, la defensa de Konstantin, a cargo de Martín Sarubbi, presentó un habeas corpus correctivo ante la demora en la implementación de la prisión domiciliaria. El planteo apunta a la situación del imputado, quien continúa alojado en la Unidad 6 de Rawson pese a la resolución judicial firme que ordena el cambio de modalidad de detención.
Sarubbi sostiene que la demora constituye un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, ya que transcurrió más de una semana desde la disposición del arresto domiciliario sin que se ejecute la medida.