El Ministerio de Salud de la provincia ya presentó denuncias contra 28 progenitores que rechazaban aplicar las vacunas obligatorias del calendario. Una decena cambió de opinión tras ser citados a audiencias informativas.
El Ministerio de Salud de Mendoza denunció a 28 padres que se negaban a aplicar las vacunas del calendario obligatorio a sus hijos. Según informaron fuentes oficiales, una decena de ellos finalmente cambió de parecer y autorizó las inoculaciones.
A fines del año pasado, el gobierno provincial inició una serie de denuncias en juzgados contravencionales contra aquellas personas que se oponían a la vacunación de los menores, lo que está avalado por la Resolución 2572, emitida en agosto de 2025.
El operativo consiste en la citación oficial a los padres que hayan expresado su negativa a una audiencia con el equipo sanitario, cuyo personal les informa sobre los riesgos de esa postura. Se les otorga un plazo de 30 días para aplicar la vacuna, y de persistir la negativa, los encargados de la inmunización informan al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y a la autoridad contravencional correspondiente.
De esta manera, Mendoza se convirtió en la primera provincia en iniciar una causa contra los progenitores que se oponen a seguir el calendario de vacunas. El objetivo de la cartera sanitaria local es mejorar las tasas de cobertura de dicho calendario, habida cuenta que hubo un incremento de casos de enfermedades que ya se creían extintas, como el sarampión y la tos convulsa.
En las últimas horas se descubrió una maniobra fraudulenta en un centro sanitario de El Pastal, en la ciudad de Las Heras, donde un enfermero ofrecía carnets de vacunación falsos a cambio de una suma de dinero. La operación fue descubierta tras la denuncia de un médico pediatra de San Rafael, quien detectó inconsistencias en los registros de vacunación de un grupo de chicos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA), todos supuestamente inoculados en Las Heras, a 300 kilómetros de su lugar de origen.
El Ministerio de Salud de la provincia inició una investigación administrativa contra el funcionario, quien sería cesanteado si se comprueba la maniobra, mientras avanza la causa penal en la fiscalía local.