Una iniciativa del Ministerio de Salud, que será tratada en el Senado, propone un nuevo registro de beneficiarios y cambios en la regulación de precios de servicios para personas con discapacidad.
Buenos Aires, 20 de abril (NA) – El Senado comenzará a tratar en el corto plazo un proyecto de ley del Ministerio de Salud que establece una revisión del régimen de pensiones no contributivas por invalidez y modifica la regulación de las prestaciones para personas con discapacidad.
La iniciativa dispone un nuevo empadronamiento de todos los beneficiarios de pensiones por invalidez en un plazo de 90 días hábiles, prorrogable por 30 días más. Los titulares deberán actualizar sus datos médicos y socioeconómicos en ese período, bajo riesgo de suspensión del pago hasta la regularización. Se mantiene el monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
El proyecto endurece los requisitos para acceder a la pensión, exigiendo que la invalidez sea total y permanente, y que el solicitante se encuentre en situación de vulnerabilidad económica. Se establece la incompatibilidad entre percibir este beneficio y tener un trabajo formal, ya sea en relación de dependencia, como monotributista o autónomo.
En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que, entre 2003 y 2023, la cantidad de pensiones pagadas por el Estado se multiplicó por 16, pasando de 76 mil a 1.2 millones de beneficiarios, e indica que auditorías han detectado irregularidades, incluyendo casos de fraude por incompatibilidad y requisitos no cumplidos.
Por otro lado, la propuesta modifica el sistema de fijación de precios para las prestaciones por discapacidad. Actualmente, la Superintendencia de Servicios de Salud establece aranceles universales a través de un nomenclador. El proyecto eliminaría este sistema de precios fijos, permitiendo que cada obra social o empresa de medicina prepaga negocie o establezca sus aranceles.
Según fuentes parlamentarias de Unión por la Patria citadas por la Agencia Noticias Argentinas, este punto del proyecto podría llevar a una «liberalización absoluta» de los precios, con el riesgo de reducciones en las coberturas. Señalan que la medida podría beneficiar a las empresas de medicina prepaga y recuerdan la crisis del sector del año pasado, cuando un congelamiento de prestaciones derivó en la paralización de coberturas, situación que luego fue abordada por una ley de emergencia.
En el Senado, el oficialismo cuenta con mayoría para su aprobación. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se refirió al tratamiento del proyecto, garantizando un esquema de trabajo «razonable, sin apurar los tiempos».