Un informe de la OCDE analiza más de 200 casos reales de IA en gobiernos, destacando su potencial para mejorar la productividad y los servicios, pero también advierte sobre el riesgo de automatizar ineficiencias.
Un informe de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, basado en más de 200 casos reales, muestra el avance de la inteligencia artificial (IA) en el sector público de diversos países. El documento señala que, si bien el 70% de las naciones la utiliza para mejorar procesos internos, solo el 33% la aplica en el diseño e implementación de políticas, y su impacto transformador aún es limitado.
El reporte advierte que la IA no soluciona sistemas que ya son ineficientes, sino que puede amplificar sus fallas. Sin embargo, también destaca que el mayor riesgo para los gobiernos no es avanzar rápido, sino quedarse atrás mientras otros construyen el Estado del futuro.
En Argentina, un ejemplo concreto es el sistema Prometea, utilizado por la Justicia para generar borradores de resoluciones analizando expedientes completos. Tareas que demandaban días a un funcionario ahora se realizan en minutos, agilizando un sector tradicionalmente lento.
Según la OCDE, los gobiernos enfrentan niveles decrecientes de confianza pública en un contexto de rápida evolución digital. El uso de tecnologías como la IA puede ser clave para aumentar la productividad, la resiliencia y la calidad de los servicios. Aplicaciones destacadas incluyen la gestión de desastres naturales para anticipar y responder a crisis, y la administración tributaria para detectar fraudes.
El Instituto Alan Turing estima que la IA podría automatizar el 84% de las transacciones repetitivas en el servicio público del Reino Unido, ahorrando el equivalente a 1.200 años-persona de trabajo anual. No obstante, el informe concluye que la adopción de IA en el sector público aún está rezagada respecto al privado.