La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó que 120.000 puestos de trabajo en el campo están en riesgo ante el vencimiento del régimen de compatibilidad entre el trabajo rural temporario y los planes sociales, establecido por el Decreto 514/2021.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó que 120.000 puestos de trabajo en el campo están en riesgo ante el vencimiento del régimen de compatibilidad entre el trabajo rural temporario y los planes sociales. El régimen, establecido por el Decreto 514/2021, vence el martes 1º de septiembre.
En un comunicado, el gremio expresó su preocupación por el vencimiento de dicho régimen. El 18 de agosto pasado, el secretario general de la UATRE, José Voytenco, envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando la prórroga de la compatibilidad. Según el comunicado, el Gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión.
El texto señala que esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país, así como a las familias de los trabajadores que dependen de la posibilidad de combinar el empleo formal estacional con la protección social.
Desde la UATRE afirmaron que la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder la red de contención de su grupo familiar. También sostuvieron que su discontinuidad desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta a las economías regionales.
El sindicato señaló la falta de consideración del impacto de esta decisión sobre la cadena productiva, incluyendo trabajadores, empleadores y la producción general. Además, aseguró que las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal.
Voytenco sostuvo en su nota a Capital Humano que la falta de respuesta y la no prórroga del régimen es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país. El gremio reiteró el pedido de una solución inmediata que garantice la continuidad de este instrumento de política laboral y productiva.