Un plenario de comisiones del Senado dio despacho favorable a un proyecto de ley que modifica el régimen de biocombustibles, generando resistencia entre las PyMES del sector en Buenos Aires.
Un plenario de comisiones del Senado dio despacho favorable hoy a un proyecto de ley que establece un nuevo régimen de producción de biocombustibles. El proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto.
La iniciativa busca reemplazar la ley 27.640, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, y fue impulsada por Patricia Bullrich. Recibió el aval en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la cámara Alta.
La principal modificación del régimen es que el Estado tendrá menos control sobre los cupos y habrá más libertad para que las empresas compitan por el mercado. Además, el proyecto eleva el porcentaje de biocombustibles que se mezcla con naftas y gasoil. En el caso del gasoil, el biodiésel pasará del 7,5% al 10% durante los primeros 12 meses de vigencia de la ley. Para las naftas, el bioetanol subirá del 12% al 15%. Se mantendrá un mínimo del 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el producido con maíz.
El proyecto genera resistencia entre las PyMES del interior bonaerense. Las empresas se reunieron con el gobernador Axel Kicillof, quien les expresó su apoyo contra la iniciativa.
El punto que genera mayor preocupación entre las empresas chicas es la reducción de la porción del mercado que tienen asegurada, en favor de plantas de grandes compañías vinculadas a exportadoras de granos, ubicadas en Santa Fe, cerca de Rosario.
Las PyMES no integradas, que hoy cuentan con el 7,5% del mercado de biodiésel, irán perdiendo participación. El porcentaje bajará al 6,5% durante la transición, al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y quedará en 3% desde 2031. El 7% restante podrá ser negociado entre las refinadoras y las grandes empresas integradas. Las plantas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires temen no poder competir con los grandes grupos del polo agroexportador de Rosario.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que nuclea a las empresas bonaerenses, emitió un comunicado en el que sostuvo que sus compañías «quedarían condenadas a la quiebra» si se aprueba el proyecto. El sector opera diez plantas en Saladillo, Ramallo, Pilar, Daireaux, Junín y Bahía Blanca, que sostienen 500 empleos directos y alrededor de 3000 puestos indirectos vinculados con transporte, logística, insumos y servicios.
El impacto alcanzaría también a la cadena de extrusado de soja. Según Cepreb, Buenos Aires concentra 96 establecimientos de ese tipo distribuidos en más de 50 localidades. Esas fábricas producen el aceite crudo que utilizan las elaboradoras de biodiésel y sostienen entre 750 y 960 puestos directos, de acuerdo con estimaciones del relevamiento.
El informe empresario calcula que las plantas generan un valor cercano a los u$s 415 millones anuales y advierte que una caída de actividad también afectaría la recaudación municipal.