El exsecretario de Seguridad de Junín aseguró que la suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires evidencia la falta de preparación del Estado para implementar la ley sancionada.
La suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires volvió a poner en discusión las condiciones con las que cuenta el Estado para llevar adelante la nueva normativa. Para Luis Chami, exsecretario de Seguridad de Junín, la decisión judicial expone principalmente una falta de previsión política: se aprobó una ley sin haber preparado previamente el sistema necesario para aplicarla.
“Esto es algo que se veía venir. Hemos charlado este tema antes y la realidad es que había una imposibilidad de aplicar la ley porque tiraron la ley y ninguno armó los sistemas de contención”, sostuvo durante una entrevista.
En ese marco consideró que la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, tiene la obligación de aplicar la legislación vigente, pero remarcó que esa responsabilidad debe estar acompañada por las condiciones materiales e institucionales que permitan hacerlo.
“La jueza tiene que aplicar la ley y tiene la obligación de aplicarla. Ahora, del otro lado, una vez que la aplicás, los gobiernos no se hicieron cargo de que esa ley se ejecute”, planteó.
“¿Dónde lo van a alojar?”
El exfuncionario puso el foco en uno de los principales interrogantes que plantea la implementación del nuevo régimen: qué ocurre cuando un adolescente debe ser detenido si el sistema no cuenta con establecimientos adecuados para alojarlo. “¿Dónde lo van a alojar? La falta de infraestructura era evidente, y de recursos también”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que no alcanza con establecer por ley nuevas pautas para el sistema penal juvenil si no se desarrollan paralelamente los dispositivos de contención, los establecimientos y los equipos profesionales necesarios. “Garantizá lo que dice la ley. O si no, no hagas la ley”, resumió.
Para Chami, la suspensión debería servir para que los distintos poderes del Estado acuerden las condiciones necesarias para que el régimen pueda aplicarse efectivamente y no vuelva a encontrarse con las mismas dificultades una vez cumplido el plazo de 60 días.
Una crítica que alcanza a la política
Aunque volvió a cuestionar a los jueces que considera excesivamente garantistas, Chami diferenció esa discusión de la situación planteada en este caso. “No estoy de acuerdo con los jueces garantistas, los jueces que sobreprotegen y generan más delitos”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que el problema actual excede la posición de la magistrada y tiene su origen en la falta de preparación del Estado.
“Esto es un fracaso de la política. Le tiraron el problema a la Justicia”, sostuvo. En su análisis, la ausencia de políticas de prevención y contención para adolescentes se viene acumulando desde hace años y terminó dejando a los jueces frente a una disyuntiva difícil: aplicar una legislación que amplía las posibilidades de intervención penal sin contar con un sistema preparado para sostenerla.
Chami también ubicó al ciudadano común en el centro de la discusión. “El primer derecho que está vulnerado por esta decisión de la jueza, que no amplió esa decisión en ir por los responsables que tenían que haber garantizado la aplicación de la ley, es el vecino”, afirmó.
Funcionamiento de la Justicia
La entrevista derivó además hacia otro de los problemas que, según Chami, requieren una respuesta política: la falta de recursos humanos en el Poder Judicial. “Acá faltan nombramientos de jueces, de fiscales, secretarios. Ninguno se ocupa”, cuestionó.
En ese sentido, planteó que la sobrecarga de trabajo también termina afectando la respuesta del sistema judicial. “No puede ser que un juez tenga tres juzgados”, sostuvo.
Para el exsecretario de Seguridad, la discusión sobre el nuevo régimen penal juvenil debe inscribirse en una problemática más amplia, que incluye la seguridad, la prevención, el funcionamiento de la Justicia y la capacidad efectiva del Estado para ejecutar las leyes que sanciona.
“La política soluciona los problemas de la política y no los problemas de la gente”, cuestionó, al señalar que mientras la dirigencia concentra buena parte de su agenda en las disputas electorales, persisten dificultades concretas en el territorio.
Su planteo parte de una premisa: una nueva ley penal no alcanza por sí sola para modificar la realidad si el Estado no dispone previamente de la infraestructura, los recursos y los dispositivos necesarios para hacerla cumplir.