El juez federal Martín Cormick aceptó una medida cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires y ordenó al Poder Ejecutivo implementar de inmediato la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, dictó una medida cautelar a favor de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El fallo ordena al Gobierno nacional cumplir de forma inmediata con los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La medida se produce tras una demanda presentada por la UBA contra el Decreto 759/2025, que promulgó la ley pero suspendió su aplicación efectiva hasta que el Congreso definiera la fuente de financiamiento. La universidad consideró que dicha suspensión constituía un “fraude constitucional”.
En su resolución, el juez sostuvo que, una vez que el Congreso rechazó el veto presidencial, el Poder Ejecutivo debía implementar la ley, ya que el proceso legislativo “no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley”. También señaló que el incumplimiento normativo genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior, teniendo en cuenta el deterioro de los ingresos del colectivo afectado”.
Cormick agregó que la cautelar no afecta el interés público y que “la falta de cumplimiento de la ley afectaría el derecho a enseñar y aprender”, consagrado en la Constitución Nacional. Asimismo, indicó que el impacto fiscal estimado de la medida equivale al 0,23 % del PBI, cifra que, según el magistrado, “representaría un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública”.
El fallo fue dado a conocer por la Agencia Noticias Argentinas.