Un proyecto de ley presentado por el diputado Juan Osaba (LLA) propone modificar el artículo 8 de la Ley Provincial de Tránsito N.º 13.927 para eliminar el requisito del libre deuda de multas al tramitar, renovar o ampliar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.
El titular de la Oficina de Licencias de Conducir del Gobierno de Junín, Carlos Palma, se refirió al proyecto presentado por diputados de La Libertad Avanza (LLA) que propone desregular y derogar la obligación de presentar certificados de libre deuda de infracciones para tramitar, renovar o ampliar licencias. Palma señaló que la iniciativa podría agilizar la otorgación de ese documento y que el mayor problema son las multas generadas en otras provincias.
Palma declaró: “ahora, si hay deuda por infracción que fueron labradas en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Mendoza esas multas fueron denunciadas en Nación y a nuestra oficina llegan a través del CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito), es un documento obligatorio que reúne los datos de infracciones viales cometidas a nivel nacional y hay que dejar bien en claro que es un requisito obligatorio: no se puede iniciar el trámite del registro sin presentar el formulario emitido y abonado previamente. Es un trámite que debemos aplicarlo porque así se nos exige desde la autoridad competente, no es una decisión municipal. Si logran que el proyecto revierta esta situación agilizará los trámites y que las multas puedan cobrarse por otra vía sin frenar la licencia del interesado”.
El proyecto fue presentado recientemente por el diputado platense Juan Osaba, perteneciente al bloque de LLA, quien propone modificar el Art. 8 de la Ley Provincial de Tránsito N.°13.927 con el fin de eliminar el libre deuda como requisito obligatorio y poder acceder al registro de conducción a pesar de ser deudores de multas.
Palma opinó: “El problema surge a raíz de las multas que son del resto del país y que vienen de la boleta nacional, porque somos nosotros los que ponemos la cara con el ciudadano y la gente se la agarra con el que tiene enfrente”. Además, expresó que “todos los días tenemos problemas por parte de gente que viene a renovar o ampliar las licencias y que no puede hacerlo porque se entera que tiene infracciones de distintas provincias, y nosotros les brindamos los contactos necesarios para que pueda resolver la situación con el juzgado correspondiente al distrito donde se emitió la multa”. También señaló que “algunos logran acceder un plan de pago y con la primera cuota le liberan el sistema, otros acceden a un 50% de descuento con pago inmediato y luego nosotros generamos otra boleta para que salga con el timbrado y se pueda seguir con el trámite, pero es todo un trámite engorroso”.
El entrevistado indicó que “la mayoría de las infracciones que se realizan es por exceso de velocidad y también están apareciendo muchas provenientes desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque en algunas bajadas de la autopista sacaron las cabina de peaje y solo dejaron el Telepase con las cámaras puestas”. Asimismo, expuso que “las fotomultas que son de jurisdicción municipal como cruzar un semáforo en rojo o detenerse sobre una senda peatonal luego recaen directamente en Provincia y pueden bloquear el inicio de trámites”. Finalmente, declaró que “el mayor problema que tenemos a nivel regional y provincial pasa por la zona de Chacabuco con multas que recaen en el Juzgado de Chivilcoy, y que requiere que la gente se traslade directamente allí porque es imposible de resolver los trámites vía online”.
Cómo es el proyecto
El proyecto de ley modifica el artículo 8.º de la Ley Provincial de Tránsito N.º 13.927 y así evitará que la renovación de la licencia de conducir quede condicionada al pago previo de multas, tributos o tasas administrativas. “Hoy muchos bonaerenses llegan a renovar el registro y descubren que el trámite quedó condicionado al pago de multas. Eso no mejora la seguridad vial, solo convierte la licencia en una herramienta de recaudación”, explicó Osaba.
La propuesta establece que ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir la acreditación de un certificado de libre deuda como requisito para iniciar, tramitar, otorgar, renovar o solicitar un duplicado del registro. También dispone que las actas de comprobación, infracciones en trámite y multas impagas que no hayan sido juzgadas o no cuenten con una sentencia firme y ejecutoriada no podrán impedir la realización del trámite. En esos casos, el organismo encargado de emitir la licencia podrá informar al solicitante sobre el estado de sus antecedentes, pero esa comunicación tendrá únicamente carácter informativo. El Estado, por su parte, conservará sus facultades para reclamar las sumas adeudadas mediante los procedimientos legales correspondientes.