La administración bonaerense justifica la decisión de que unos 20.000 empleados de empresas estatales provinciales dejen de aportar a la Anses y lo hagan al IPS, mientras la Nación presentó una demanda judicial por inconstitucionalidad.
La disputa entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, y la administración nacional de Javier Milei tiene un nuevo frente. La Nación inició una demanda judicial contra la decisión de la Provincia de que unos 20.000 empleados de empresas como ABSA y Aubasa dejen de aportar al Anses y comiencen a hacerlo al Instituto de Previsión Social (IPS) desde este año.
“Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial”, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en conferencia de prensa.
Los dichos del funcionario apuntan a justificar la aplicación del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 sancionada por la Legislatura Bonaerense. Allí se estableció la obligatoriedad de que las empresas estatales provinciales hagan los aportes patronales al IPS y no a la Anses. Esto implica transferir al sistema previsional bonaerense millones de pesos por mes de unas 20.000 personas que antes iban a las arcas nacionales.
Ante esto, la Nación presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Provincia y el IPS. Justificó la demanda en la supuesta invasión de competencias federales, en la desfinanciación a la Anses y en que genera un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios.
Al respecto, Bianco apuntó contra la denuncia que “busca dificultar la gestión en la provincia” y dijo que es porque el Gobierno de Javier Milei “no se quiere quedar sin los fondos”, pero “va en contra de toda la doctrina que siempre mantuvo la Anses”. “En general, cuando uno analiza otros casos similares, la Anses se ha expedido positivamente respecto de que empresas estatales provinciales u organismos estatales provinciales hagan sus aportes a las cajas provinciales”, agregó.
La medida incluye, entre otros organismos, a ABSA (la empresa de agua y cloacas que presta el servicio en 95 municipios), Aubasa (la concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas a la Costa), Centrales de la Costa, la Ceamse (realiza la gestión de los residuos urbanos), Bagsa (la empresa de gas) y otras de energía.
En este contexto, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda en la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para que se declare inconstitucional ese artículo que obliga a los colegios a transferir los aportes de los docentes y auxiliares al IPS. Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, correspondiente a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas.