La unión transitoria preadjudicada para la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná respondió a las críticas de la empresa belga DEME, afirmando que su propuesta tarifaria se basa en cálculos que omiten impuestos, inversiones insuficientes y peajes superiores a los permitidos.
La disputa por la futura concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná sumó un nuevo capítulo. La asociación integrada por Jan De Nul y Servimagnus, que resultó preadjudicada en el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional, respondió públicamente a los cuestionamientos formulados por la empresa belga DEME y defendió la consistencia económica y financiera de su propuesta.
La controversia gira en torno al costo que deberán afrontar los usuarios de la principal vía navegable del país y la viabilidad económica de las ofertas presentadas para administrar y mantener el corredor por el que se canaliza buena parte de las exportaciones argentinas.
En una comunicación dirigida a los usuarios de la Hidrovía, Jan De Nul–Servimagnus rechazó los argumentos de DEME, que había sostenido que podía ofrecer una tarifa significativamente más baja. Según la unión transitoria preadjudicada, esa supuesta ventaja económica se apoya en cálculos erróneos y en supuestos que no podrían sostenerse durante los 25 años previstos para la concesión.
La empresa sostiene que la propuesta de su competidora se basa en tres pilares que considera inconsistentes: la omisión de obligaciones impositivas, un nivel de inversiones insuficiente para garantizar la modernización de la vía navegable y una estimación de ingresos construida sobre valores de peaje que excederían los máximos contemplados en el pliego.
Uno de los puntos más controvertidos planteados por Jan De Nul está vinculado al tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La empresa afirma que DEME habría proyectado pagos muy inferiores a los que corresponderían según la normativa argentina vigente. De acuerdo con su interpretación, servicios esenciales para la operación de la concesión, como el alquiler de embarcaciones y la compra de combustibles, se encuentran alcanzados por el tributo y deberían reflejarse plenamente en los cálculos económicos.
Otro de los ejes de la discusión está relacionado con las inversiones comprometidas para el mantenimiento, la señalización, el balizamiento y la modernización tecnológica de la vía navegable. Según Jan De Nul–Servimagnus, la propuesta de DEME concentra desembolsos en los primeros años del contrato y luego prácticamente no contempla nuevas inversiones relevantes durante las dos décadas siguientes.
A ello se suma un tercer cuestionamiento referido a las proyecciones de ingresos. La empresa preadjudicada sostiene que DEME habría calculado la recaudación futura utilizando valores de peaje superiores a los permitidos por las condiciones de la licitación. Según esa interpretación, los ingresos proyectados aparecerían artificialmente incrementados, mejorando la rentabilidad esperada del negocio y permitiendo presentar una rebaja tarifaria que, en la práctica, no podría sostenerse.
Jan De Nul recordó que DEME participó del proceso licitatorio sin impugnar previamente las reglas de juego y destacó que la compañía había expresado en otras instancias su conformidad con el esquema diseñado para la concesión. Desde la empresa sostienen que los cuestionamientos actuales buscan desacreditar un procedimiento en el que la firma participó voluntariamente y cuyas condiciones aceptó durante gran parte del proceso.