La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa valoró el cronograma oficial de rebajas en los Derechos de Exportación, aunque consideró que el horizonte debe ser la eliminación del tributo.
El Gobierno nacional anunció una serie de rebajas en las retenciones agropecuarias que comenzarán por el trigo y la cebada desde junio de 2025 y seguirán con soja, maíz, girasol y sorgo a partir de 2027. En ese contexto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitió un comunicado en el que destacó que “la reducción de retenciones es el camino”, pero “la eliminación debe ser el objetivo”.
“Valoramos el anuncio realizado por el Presidente de la Nación respecto al cronograma de reducción de los Derechos de Exportación (DEX)”, señaló la entidad. A su vez, indicó que “la decisión constituye una señal positiva y coherente con el camino que el Gobierno Nacional viene impulsando en materia de reducción de la presión impositiva, apertura económica, libertad de comercio, ordenamiento macroeconómico y recuperación de los equilibrios fiscales”.
En cuanto al equilibrio fiscal, CARBAP sostuvo que “debe consolidarse como una verdadera política de Estado” y que “la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento sostenido de la Argentina”. No obstante, advirtió que “la competitividad del sector agropecuario no depende únicamente de los Derechos de Exportación; también se ve afectada por una estructura impositiva provincial y municipal que continúa expandiéndose y que requiere una profunda revisión”.
La entidad rural consideró que “el cronograma anunciado debería contemplar una reducción más acelerada de los Derechos de Exportación”. “Si bien comprendemos los desafíos que implica sostener el equilibrio de las cuentas públicas, no resulta razonable que dicho esfuerzo continúe recayendo de manera desproporcionada sobre un único sector productivo a través de un impuesto distorsivo que desalienta la producción, limita las exportaciones, reduce la inversión y afecta la incorporación de tecnología”, afirmó.
CARBAP argumentó que “la producción agropecuaria argentina continúa enfrentando una situación de clara desigualdad respecto de otros sectores de la economía” y que “numerosas actividades han visto eliminados sus derechos de exportación o cuentan con regímenes específicos de promoción e incentivos, como los contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.
Por ello, la entidad reclamó que “el cronograma anunciado no tenga como horizonte final el año 2028, sino que establezca de manera explícita el camino hacia la eliminación total de los Derechos de Exportación”. También pidió que “dicho sendero debería quedar plasmado en una ley que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a recurrir a este instrumento”.
En apoyo a su postura, CARBAP citó un informe del Fondo Monetario Internacional que identificó a los Derechos de Exportación como “uno de los principales impuestos distorsivos que afectan el crecimiento, las exportaciones, la inversión y la incorporación de tecnología”. También mencionó estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que mostrarían que “su eliminación permitiría incrementar significativamente las exportaciones agroindustriales en la próxima década”.
“Estas conclusiones ratifican algo que el sector productivo viene señalando desde hace años: la eliminación de los Derechos de Exportación no debe ser vista como un beneficio sectorial, sino como una herramienta de desarrollo para toda la Argentina”, cerró el comunicado.