En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Amnistía Internacional Argentina publicó un informe que señala obstáculos en el acceso al aborto legal, incluyendo la falta de provisión estatal de medicamentos y demoras en la atención.
Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, proclamado en 1987 por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericana y del Caribe (RSMLAC) y la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (WGNRR). La jornada busca concientizar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y promover la mejora de su salud integral.
En este contexto, Amnistía Internacional (AI) sede Argentina publicó un informe titulado “El costo de la retirada: Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Barreras, endeudamiento y desigualdad en el acceso al aborto en Argentina 2026”. El documento analiza cómo medidas económicas implementadas en los últimos años afectaron la garantía de los derechos de salud de mujeres, niñas y adolescentes, especialmente en relación a la Educación Sexual Integral (ESI) y el acceso legal al aborto, según lo establecido por la ley 27.610 en sus modalidades de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El informe de AI sostiene que mujeres y personas gestantes fueron informadas en centros de salud que debían adquirir la medicación por sus propios medios, con costos que pueden alcanzar los $300.000, cuando la ley establece que debe ser suministrada por el Estado. Ante esta situación, AI Argentina insta al Estado a “restituir su rol rector en la política sanitaria, garantizar la provisión de insumos esenciales en todo el país y asegurar condiciones de acceso equitativas, con información clara, atención oportuna y respeto por la autonomía de las personas”.
El trabajo destaca que la ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020, amplió las obligaciones del Estado para garantizar el derecho al aborto en condiciones de calidad, gratuidad y trato digno. Durante los primeros años de implementación se registraron avances, como el fortalecimiento de equipos de salud, la ampliación de efectores y la consolidación de una política federal de compra y distribución de insumos esenciales (misoprostol y mifepristona).
Sin embargo, desde diciembre de 2023, AI señala que “estos avances conviven hoy con un escenario de creciente regresividad” debido a una “retracción sostenida del Estado de su rol en la garantía del derecho a la salud bajo una interpretación restrictiva de sus obligaciones”. El informe agrega que este proceso estuvo acompañado por “una retórica de rechazo a la denominada ‘ideología de género’ y por medidas concretas de desmantelamiento de políticas públicas estratégicas”.
Entre las consecuencias enumeradas por AI se incluyen la falta de medicación, demoras evitables en la atención, desinformación, maltratos, prácticas intimidatorias, barreras económicas y profundas desigualdades territoriales. También advierte sobre el debilitamiento de mecanismos de participación social, transparencia y rendición de cuentas.
El informe registró durante 2025 un aumento significativo en las consultas y denuncias por obstáculos en el acceso al aborto a través del formulario online de AI, superando en más de un 300% los casos recibidos en el año anterior. Aunque las cifras no son representativas a nivel nacional, ofrecen una aproximación a la escalada de barreras. El incremento es particularmente alarmante en niñas y adolescentes, cuyos reportes crecieron de manera significativa. AI vincula este aumento con el desmantelamiento del PLAN ENIA y las barreras en el acceso a métodos anticonceptivos, a la educación sexual integral y al aborto.