El diputado bonaerense Francisco Adorni presentó una rectificación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en la misma semana en que el fiscal Guillermo Marijuan avanza con una investigación en su contra. Los cambios incluyen la incorporación de una herencia de 21 millones de pesos y un incremento en el nivel de endeudamiento declarado.
El diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó una rectificación de su declaración jurada patrimonial el jueves pasado, según consta en los registros de la Oficina Anticorrupción (OA). La modificación se da en el marco de una investigación judicial a cargo del fiscal Guillermo Marijuan por presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la documentación entregada, los principales cambios son la incorporación de una herencia por 21 millones de pesos y modificaciones en el nivel de endeudamiento declarado. En la versión original, Adorni había consignado que su deuda hipotecaria pasó de 130 millones de pesos al inicio del año a 57 millones al cierre. Con la rectificación, la deuda inicial fue ajustada a 45 millones de pesos, mientras que el saldo al finalizar el año se mantuvo en 57 millones. Esto implica un incremento nominal del endeudamiento.
“El crédito UVA crece porque el valor de la UVA crece por la inflación y eso hace subir el valor de la deuda en pesos”, señalaron desde el entorno de Adorni. El punto había sido mencionado en la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que originó la intervención del fiscal.
En la nueva declaración, también se incluyó la venta de un vehículo Chery Tiggo y la adquisición del 50% de una Jeep Renegade valuada en 10.750.000 pesos. La herencia de 21 millones de pesos fue incorporada sin mayores precisiones sobre su origen.
En paralelo, el fiscal Marijuan solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información fiscal de Adorni desde 2020, incluyendo declaraciones juradas, pagos de impuestos y movimientos vinculados a Ganancias, Bienes Personales e IVA. También pidió datos al Banco Central sobre cuentas, transferencias, depósitos y tarjetas, y a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre posibles vínculos societarios del funcionario.