El Gobierno bonaerense advirtió que iniciará acciones legales ante un eventual avance del proyecto nacional que elimina el fondo compensador para cooperativas eléctricas. Además, cuestionó las modificaciones al régimen de zona fría.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, criticó la intención del Gobierno nacional de eliminar el fondo compensador destinado a cooperativas eléctricas y advirtió que iniciará acciones legales si la medida prospera. También cuestionó los cambios en el régimen de zona fría y reiteró que la Provincia es la que tiene la capacidad de definir las tarifas.
“Creo que no prosperará. Habla de la ignorancia del Gobierno. No es constitucional, no hay manera que lo hagan”, sostuvo el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, al ser consultado sobre el proyecto de ley que avanza en el Congreso y que busca cambios para el servicio de luz y gas en todo el país.
En conferencia de prensa en Gobernación, Ghioni explicó que el esquema actual del fondo compensador tarifario funciona desde 1996 y mediante aportes de grandes distribuidoras y cooperativas de mayor escala hacia unas cien cooperativas más pequeñas que reciben asistencia para sostener el servicio eléctrico en localidades del interior.
“Las 200 cooperativas llegan al 40% de la provincia. Por el Fondo reciben más que por las tarifas. Eso estaría prohibido por ley. Como también el cobro del alumbrado público, que está por ley desde 1989”, sintetizó.
“Si el pueblo al lado tiene que pagar cinco o seis veces más, lo tendrá que hacer, pero nosotros vamos a recurrir”, afirmó Ghioni, quien sostuvo que el Gobierno de Javier Milei desconoce el funcionamiento del sistema eléctrico bonaerense. En ese marco, consideró que la medida responde a una lógica “ideológica” basada en que “cada uno haga lo que pueda y se salve”.
Otro punto crítico del proyecto, que la semana pasada avanzó en Diputados, tiene que ver con la deuda de las distribuidoras de energía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Ghioni se mostró de acuerdo con la idea, pero marcó la importancia de “hacer las cuentas bien claras para definir activos y pasivos regulatorios”.
Sin embargo, calificó como “sumamente grave” el artículo que prohíbe expresamente incorporar conceptos ajenos al servicio en la factura final que pagan los usuarios. Al respecto, explicó que “es inconstitucional y es un avasallamiento sobre la propia jurisdicción” porque las provincias son las que tienen la facultad de definir sus tarifas. “La autoridad ante las distribuidoras y cooperativas somos nosotros”, remarcó.
En relación al régimen de zona fría, Ghioni dijo: “Denunciamos que es otro intento de castigar a los bonaerenses, que representan casi el 40% de los beneficiarios. El proyecto propone reducir la cantidad de usuarios y la cobertura de los subsidios, en un momento en el que la crisis económica y social golpea con dureza a nuestro pueblo”.
El proyecto de La Libertad Avanza y sus aliados propone recortar el beneficio que se amplió en 2021, que requirió unos subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones al año y pasó de 800.000 hogares a unos 4 millones. De los 3,2 millones de “nuevos beneficiados”, alrededor de 1.260.000 son hogares del interior de la provincia de Buenos Aires.
Según Ghioni, aquellos que queden incluidos en el régimen van a tener menos subsidios porque “ahora lo que se subsidiaría es el 50% del precio del gas, dejando afuera el transporte, distribución y todo el resto de los componentes”.