La Justicia levantó el secreto de sumario en una causa que revela un sistema paralelo para destrabar permisos del SIRA. Se investigan retornos de hasta el 15% y más de 50 personas y empresas implicadas.
Buenos Aires, 8 de mayo (NA). La Justicia dio un paso clave este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más explosivas de la causa por el “rulo” financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles —ex socio y allegado a Elías Piccirillo— dejaron al descubierto la existencia de un “sistema paralelo” que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante 2022 y 2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al “blue”, dependiendo del acuerdo. La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con pasado en el Gobierno de la Ciudad y que, según registros, figuraría actualmente como personal de Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales.
En los diálogos de WhatsApp, Saponara le consultaba a Migueles si tenía contactos para “liberar” declaraciones de importación de autoelevadores y repuestos. “A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13”, se escucha en uno de los audios enviados por Migueles, evidenciando el margen de ganancia que se quedaban los intermediarios por sobre la coima que debían “rendir” internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema —en medio de una crisis de reservas asfixiante— superaban los 90 o incluso 120 días. Otro de los protagonistas de la trama es Héctor Ezequiel “Pipo” Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de “canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación”.
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Ariel Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo “Gonzalote” Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro “El Turco” Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo la lupa de la Justicia.
El fiscal Franco Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas como “Pato” y “La Señora”. Esta última sería una pieza clave, ya que presumiblemente desempeñaba funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, teniendo el poder real de dar el “visto bueno” final a las importaciones. La causa promete seguir escalando, ya que los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían aceptado pagar estos “peajes” para mantener su operatividad durante el último cepo cambiario.