La jueza Sandra Arroyo Salgado detalló el nuevo sistema implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en el penal de Ezeiza, que permite identificar en tiempo real la ubicación y datos de dispositivos móviles dentro de la prisión.
Buenos Aires, 28 abril (NA)–La jueza Sandra Arroyo Salgado señaló este martes que desde el Ministerio de Seguridad se implementó un sistema de detección y bloqueo de los celulares en el ámbito carcelario, el cual fue instalado en el penal de Ezeiza y dijo que “permite identificar en tiempo real la ubicación y los datos de los dispositivos y tarjetas SIM activos dentro del penal”.
“El Ministerio de Seguridad de Nación, de la mano de la ministra Alejandra Monteoliva, acaba de implementar ya un sistema de detección y bloqueo de los celulares en el ámbito carcelario. Es un sistema que detecta y ubica georreferencialmente en tiempo real todos los celulares que estén funcionando dentro del perímetro del penal para obtener la información del dispositivo y de lo que se llama la tarjeta SIM”, señaló.
En diálogo con Nelson Castro en Radio Rivadavia, añadió: “SIM es la tarjeta física o virtual que almacena el perfil, es decir, de una parte tenemos lo que es el IMSI, que identifica la cuenta, el abonado en la red, que es un código de quince dígitos, y, por otro lado, lo que es el IMEI, que es como, si diríamos, el DNI único del hardware del teléfono. El objetivo es replicar este sistema en todos los penales federales”.
“El uso de celulares en cárceles facilita la planificación y ejecución de delitos graves, incluyendo narcotráfico, robos violentos, extorsiones, estafas virtuales y delitos contra la integridad sexual. Se han documentado casos en los que reclusos, mediante celulares, han sometido a víctimas a extorsión, abuso sexual virtual y manipulación psicológica, incluso desde el encierro. Ejemplos recientes incluyen condenas por abuso sexual infantil y extorsión cometidos íntegramente desde prisión a través de redes sociales y mensajería instantánea”, dijo.
Además, señaló: “En la provincia de Buenos Aires, la práctica de permitir celulares a los presos se instauró durante la pandemia mediante un Habeas Corpus colectivo para mantener vínculos familiares, pero persiste sin respaldo legal ni jurisprudencial. Las autoridades provinciales argumentan que retirar los celulares podría provocar motines, pero esta postura carece de fundamento legal”.
“El uso indiscriminado de celulares convierte a las cárceles en centros de operaciones delictivas, afectando gravemente a la sociedad”, aseveró.