Un juez federal dictó el procesamiento sin prisión preventiva y aplicó un embargo de $20 millones, tras considerar que la empresa vertió efluentes peligrosos al curso de agua.
El presidente de un frigorífico fue procesado acusado de volcar efluentes contaminantes al Río Salado, en la zona de la ciudad bonaerense de Azul. El juez federal Gabriel Di Giulio dictó dicha medida sin prisión preventiva y le trabó un embargo por $20 millones.
El procesamiento se dictó al considerar que el directivo violó el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que castiga con una pena de entre 3 y 10 años de prisión a quien contamine de un modo peligroso para la salud o el ambiente. La misma normativa, en su artículo 57, prevé la aplicación de la pena a los directores cuando los hechos se produzcan por decisión de una persona jurídica.
La causa se inició por una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA). En diciembre de 2025, el magistrado ya había procesado al directivo de otra empresa involucrada en el mismo caso por contaminación.
Según la investigación de la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, se dispusieron medidas probatorias para determinar el posible vertido de desechos industriales desde el frigorífico, ubicado en la localidad de Roque Pérez, a dos kilómetros del cauce del Río Salado.
«En todos los casos, las muestras evidenciaron la presencia de efluentes contaminantes o en concentraciones prohibidas por la normativa ambiental vigente», sostuvo el Ministerio Público Fiscal en su acusación. Agregó que la conducta se habría desplegado en una serie indeterminada de ocasiones, al menos entre enero de 2023 y febrero de 2025.
El magistrado indicó que la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires determinó que el accionar de la firma Absolon S.A. ponía en peligro bienes jurídicamente tutelados, por lo que dispuso clausuras preventivas, aplicó multas y ordenó adecuaciones estructurales en el establecimiento.
Además, señaló que personal de la Policía Federal verificó que el destino final de los efluentes producidos por la firma investigada era el cauce del Río Salado. El juez destacó la importancia del río, que atraviesa numerosas localidades bonaerenses y es relevante para actividades ganaderas, agrícolas, el ecosistema y la recreación.
«No basta que se afirme la ausencia de intención cuando a pesar de las reiteradas observaciones y medidas preventivas, la conducta fue continuada verificándose el volcado de efluentes sin debido tratamiento», indicó Di Giulio en su resolución.