Un informe del IARAF indica una reducción en las transferencias del Gobierno nacional a las provincias. Para mitigar el impacto, se otorgaron anticipos financieros a doce jurisdicciones, mientras se registran conflictos laborales en varios sectores públicos.
Buenos Aires, 6 de abril (NA) – Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el Gobierno nacional ha reducido la ejecución de las transferencias a las provincias en un 65,65% en términos reales desde el inicio de su gestión. En consecuencia, los recursos disponibles para las provincias, considerando transferencias automáticas y discrecionales, registraron una caída real del 19%, equivalente a aproximadamente 1,5 billones de pesos mensuales.
En respuesta a esta situación, el Gobierno giró un anticipo financiero por 400.000 millones de pesos a doce provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Este anticipo, establecido mediante el Decreto 219/2026, se otorga a una tasa del 15% anual y deberá ser devuelto antes del 31 de diciembre de 2026. El monto se determina en función de la capacidad de repago de cada provincia, basada en su participación en la recaudación de tributos nacionales.
El reporte del IARAF, a cargo de Nadin Argañaraz, señala que en los últimos doce meses la variación real interanual de las transferencias nacionales totales habría sido negativa en un 3,2%. Asimismo, en el primer trimestre del año, los recursos por coparticipación cayeron un 8% y los ingresos por impuestos provinciales alrededor de un 4%.
Dado que cerca del 70% del presupuesto provincial se concentra en salud, educación, seguridad social y seguridad, el ajuste presupuestario ha impactado en los trabajadores de estos sectores. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica que un 80,4% de los conflictos laborales en el sector público a nivel nacional permanecen activos, involucrando principalmente a los ámbitos de educación, salud, policía y empleo público. Solo un 19,6% de los conflictos habrían alcanzado acuerdos, la mayoría de carácter transitorio.
El informe detalla la situación provincia por provincia, donde se observan reclamos salariales y por adelantamiento de paritarias, argumentando que los aumentos previos quedaron por debajo de la inflación. Las áreas más afectadas en la mayoría de las jurisdicciones son educación, empleo público, salud y, en varios casos, el sector judicial y las fuerzas de seguridad.