El Jefe de Gabinete, precandidato en las elecciones porteñas, enfrenta una investigación judicial que analiza irregularidades en la adquisición de inmuebles, viajes privados y posibles inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
Una investigación judicial del fiscal Gerardo Pollicita examina las finanzas del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la campaña electoral porteña. El caso se centra en la adquisición de un departamento en Caballito, vuelos privados y omisiones en sus declaraciones juradas.
Según información publicada por el matutino La Nación y reproducida por la Agencia Noticias Argentinas, el punto de partida es un departamento de casi 200 m² en la calle Miró, barrio de Caballito. Documentos del Registro de la Propiedad Inmueble indican que Adorni adquirió la propiedad por un monto declarado de US$ 230.000. El 87% de esa operación fue financiado por Beatriz Alicia Viegas (72) y Claudia Bibiana Sbabo (64), quienes habían comprado el inmueble al exfutbolista Hugo Morales por US$ 200.000 apenas seis meses antes.
La investigación analiza el perfil de las financistas. Claudia Bibiana Sbabo, empleada de una editorial, apareció un mes después de la compra original en la nómina del programa «Pase Cultural» del Gobierno de la Ciudad, destinado a jubilados con haberes inferiores a $600.000 mensuales. El fiscal indaga si actuaron como testaferros o si la operación buscaba evadir gravámenes.
Otro nombre recurrente en la investigación es el de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación de Caballito y en la inscripción de una casa en el country Indio Cua, a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Esta propiedad paga expensas mensuales de $700.000, cifra que contrasta con los ingresos anuales declarados por el funcionario. Registros oficiales muestran que Nechevenko visitó la Casa Rosada en siete oportunidades entre julio de 2024 y septiembre de 2025, y ha sido citada a declarar.
La justicia también analiza dos vuelos privados a Punta del Este facturados a nombre del periodista Marcelo Grandio y su empresa, Imhouse. Aunque Adorni aseguró haber pagado «su parte», no existen registros de transferencias que lo respalden. El testimonio de Vanesa Tossi, empleada del broker Jag Aviation, confirmó que los pagos se hicieron en efectivo y denunció hostigamiento por parte de Grandio para anular facturas. El juez Ariel Lijo dictó una prohibición de contacto de Grandio hacia la testigo.
Por último, datos de la Dirección Nacional de Migraciones contradicen las declaraciones públicas de Adorni sobre sus viajes. Mientras el funcionario sostenía que su única salida recreativa en un año y medio fue a Uruguay, los registros muestran viajes a Perú y Ecuador, con sospechas de un destino final en Aruba.
Con la campaña electoral en marcha, la resolución de estos interrogantes será determinante para el futuro judicial del funcionario y la administración que representa. La Jefatura de Gabinete no se ha expedido ante las nuevas revelaciones.