El gobierno de La Rioja salió al cruce de las versiones sobre un posible embargo de sus activos estratégicos, tras una presentación judicial de acreedores en Estados Unidos. En una conferencia de prensa, altos funcionarios descartaron cualquier riesgo inmediato sobre el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco, y señalaron a la administración nacional como responsable de las dificultades financieras que llevaron al incumplimiento de pagos.
Un conflicto que llega a tribunales extranjeros
La situación se desencadenó luego de que tenedores de bonos en default de la provincia presentaran una solicitud ante la Corte del Distrito de Massachusetts. En ella, pidieron autorización para ejecutar activos provinciales con el fin de cobrar fallos judiciales firmes por la deuda impaga. Entre los bienes mencionados figuran las participaciones accionarias en la entidad bancaria provincial y en el parque eólico.
Postura firme desde la provincia
El jefe de Gabinete riojano, Juan Luna Corzo, lideró la respuesta oficial. «Queremos llevar tranquilidad a la sociedad. No existe riesgo de embargo ni de ejecución sobre estos activos», afirmó de manera categórica. Los funcionarios calificaron los rumores como una «interpretación distorsionada» de la realidad financiera y argumentaron que la soberanía nacional impediría la ejecución de una sentencia extranjera sobre bienes del Estado argentino.
El dedo acusador apunta a la Nación
El eje central de la argumentación provincial fue dirigido hacia el gobierno nacional. Según la exposición oficial, las «dificultades financieras» que derivaron en el default están «directamente vinculadas» con el incumplimiento de la Nación en la transferencia de fondos que, sostienen, le corresponden legítimamente a La Rioja.
«Esos recursos, incluidos fondos extra coparticipables previstos en presupuestos anteriores, fueron discontinuados. Esto impactó directamente en nuestras finanzas», precisó Luna Corzo. El reclamo por estas transferencias ya fue judicializado ante la Corte Suprema de Justicia hace más de dos años.
Voluntad de pago y negociación en curso
Pese al default, la provincia asegura mantener una «voluntad de pago» y no tener la intención de permanecer en el incumplimiento de manera indefinida. Luna Corzo explicó que las dificultades para honrar el llamado «Bono Verde» obligaron a iniciar un proceso de reestructuración que ya lleva más de un año.
«La prioridad del Ejecutivo es no poner en riesgo el pago de salarios a cambio del pago a los bonistas», declaró. Sobre la mesa de diálogo, la provincia propone reestructurar la deuda «en una curva que dé seguridad tanto a los acreedores como a La Rioja». Sin embargo, los bonistas afirmaron en su última presentación judicial que actualmente no hay negociaciones en marcha.
Defensa de los activos provinciales
Los funcionarios fueron enfáticos al defender la propiedad de los activos cuestionados. «El Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco son activos de los riojanos, van a seguir siendo de la Provincia y los vamos a defender judicialmente con todas las herramientas disponibles», afirmó el jefe de Gabinete.
Finalmente, desde el gobierno que conduce Ricardo Quintela se negó un escenario de «colapso o pérdida de activos», describiendo la situación como un proceso de negociación complejo para alcanzar un reordenamiento de la deuda en condiciones sostenibles. Este episodio se enmarca en un enfrentamiento político y fiscal de larga data entre la administración riojana y el gobierno nacional.