Marcelo Clayton Alves de Sousa es un ciudadano brasileño que está prófugo de la Justicia argentina desde septiembre de 2023. Está acusado de haber hecho operaciones de lavado de dinero de las actividades del temible Comando Vermelho, la poderosa organización criminal nacida en las favelas de Río de Janeiro. La investigación ya tuvo en el país personas condenadas y multas millonarias, pero las ramificaciones del entramado de los negocios no termina.
Ahora, el juez federal de Tucumán José Manuel Díaz Vélez, ordenó el congelamiento de criptoactivos y otros bienes en el marco de una causa por lavado de activos que involucra a un grupo de personas acusadas de canalizar activos provenientes de diferentes ilícitos, entre ellos la narcocriminalidad, con aparente vinculación con la organización criminal de origen brasileña denominada Comando Vermelho.
Así lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar. La resolución del juez Díaz Vélez fue tomada después de un pedido del fiscal federal Agustín Chit.
“De acuerdo con la investigación, las personas imputadas habrían realizado significativos movimientos de fondos con múltiples contrapartes a través de plataformas digitales, billeteras virtuales, criptoactivos y entidades financieras tradicionales, sin que se identifique debidamente el origen de los fondos operados, sobre todo, teniendo en cuenta que no existía concordancia entre los montos operados y el perfil patrimonial y fiscal de los investigados”, se explicó en el citado sitio Web.
La investigación comenzó tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), conducida por el fiscal general Diego Velasco.
“La pesquisa permitió detectar una operatoria consistente en la recepción de los activos y su diversificación por medio de operaciones de trading de criptomonedas. Los elementos reunidos permiten suponer un retorno de los fondos al beneficiario final Alves de Sousa, un ciudadano brasileño que se encuentra prófugo y vinculado a investigaciones penales avanzadas, tanto en la Argentina como en la República Federativa de Brasil, por lavado de activos provenientes de actividades criminales, entre ellas, el narcotráfico. Según la hipótesis fiscal, Alves de Sousa estaría sindicado como responsable de canalizar activos ilícitos que pertenecerían al Comando Vermelho con numerosas terminales en nuestro país», se indicó.
Para el análisis de trazabilidad de los criptoactivos, unos 190 millones de USDT, la fiscalía contó con la colaboración técnica especializada de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), a cargo de María Fernanda Bergalli, la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb), cuya titular es María del Carmen Chena, y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dirigida por Fabián Matilla.
La investigación por la que está prófugo Alves de Sousa estalló en septiembre de 2023 y se conoció como Operación Crypto. Puso bajo la lupa una sofisticada estructura financiera para lavar dinero del Comando Vermelho. En octubre pasado, dos años después, en el marco de una serie de juicios abreviados, ocho sospechosos fueron condenados a penas de tres años de prisión en suspenso y el pago de una multa de $2460 millones.
Entre los sospechosos condenados se encontraban Hai Ma, un ciudadano chino de 56 años, Katherine Yola Chasqui Inta, de nacionalidad boliviana, y Juan David Babilonia Mora, nacido en Colombia.
“Las evidencias enunciadas demuestran, con certeza necesaria, que Hai Ma, Chasqui Inta y Babilonia Mora transfirieron el dinero que provenía del tráfico trasnacional de estupefacientes hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con el fin de colocarlo en el sistema financiero para darle apariencia de origen lícito, con pleno conocimiento de su obrar”, sostuvo el magistrado Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) N°7, en la sentencia donde homologó el juicio abreviado y a la que tuvo acceso LA NACION.
Cuando se dio a conocer el caso, fuentes judiciales habían informado que Hai Ma, al que todos sus conocidos llamaban Mariano, entre mayo de 2019 y febrero de 2022 adquirió un BMW 330i, un Mini Cooper y una Honda HR-V. También, según los informantes, había hecho una inversión en el barrio privado de General Rodríguez, donde compró un inmueble que, de acuerdo con el valor de mercado, costaba US$1.000.000. Además, hizo una operación inmobiliaria en Caballito, donde adquirió un departamento y dos cocheras.
Mariano fue detenido en septiembre de 2023 acusado de la “adquisición, recepción y posterior transferencia de, al menos, US$5.030.291 en criptomonedas que fueron halladas en una hard wallet secuestrada en la casa de Alves de Sousa, en Nordelta».
En la etapa de juicio, el Ministerio Público estuvo representando por el fiscal Velasco.
“El tribunal también ordenó el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente, entre los cuales se incluyen más de $18.000.000, US$271.000, 28.000 reales y 4500 euros, además de una flota de cinco vehículos de alta gama valuada en más de $130.000.000. Entre ellos, se destacan un BMW Serie 330i, una Ford Ranger, un Volkswagen Vento, un Ford Focus y un Renault Fluence”, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación.
Cuando se dieron a conocer las condenas, en www.fiscales.gob.ar se detalló que la Procelac había advertido que el proceso judicial no estaba terminado con las condenas dictadas en los acuerdos de juicio abreviado, ya que los dos principales acusados, “Alves de Sousa y Hang Wang, aún se encuentran prófugos. A su vez, respecto de Raimunda Divina De Sousa, Naly Pires Diniz, Juan José Isola, Antonella María Garbagnati y Luana Belén Isola, quienes tenían mayor incidencia en los hechos, el Ministerio Público Fiscal ofreció prueba para que sean juzgados en debate oral y público”.
Alves de Sousa, apodado el Negro, y su pareja, Pires Diniz, vivían en una casa que alquilaban en el complejo urbanístico Nordelta, en Tigre. Pero cuando en septiembre de 2023 detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron el inmueble, el sospechoso ya no estaba.
“Las operaciones [de lavado] incluyeron el uso de criptoactivos por volúmenes significativos, la constitución de empresas fachada y la adquisición de bienes registrables -como inmuebles y automóviles de alta gama- para introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal. El segundo tramo de la investigación se centró en maniobras independientes de la estructura principal encabezada por Alves de Sousa y Wang, vinculadas con transferencias informales de divisas en la región realizadas entre 2022 y 2023 y que involucraban a los ahora condenados Hai, Chasqui Inta y Babilonia Mora”, se sostuvo en la información oficial.
Durante la etapa de instrucción la causa fue tramitada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado e intervino el fiscal federal Fernando Domínguez.