El Senado sancionó la ley de emergencia pediátrica en una jornada de fuertes reveses legislativos para el gobierno de Javier Milei. La norma, impulsada por un amplio arco opositor, busca atender la crisis en el sistema de salud infantil y establece una serie de obligaciones financieras y laborales para el Estado. Su aprobación impacta de manera directa en el financiamiento de hospitales de alta complejidad como el Garrahan.
La normativa declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por un término de dos años. Durante este período, el Poder Ejecutivo debe implementar una serie de medidas de carácter inmediato para revertir lo que los fundamentos del proyecto describen como una “grave y sostenida degradación” del sistema.
La iniciativa busca garantizar el derecho a la salud integral de niños, niñas y adolescentes, consagrado en la Constitución y en leyes como la 26.061 de Protección Integral y la 27.611 del Plan de los 1000 Días. Según los legisladores firmantes, la situación actual representa una “violación indirecta de estos derechos fundamentales, por omisión o desfinanciamiento estatal”.
Uno de los ejes centrales es la asignación presupuestaria. La ley ordena la transferencia prioritaria de recursos para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial. Para agilizar la provisión, habilita la adquisición de estos materiales mediante procedimientos de compra excepcionales.
En el plano laboral, se establece una recomposición inmediata de los salarios del personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, que atiende a la población pediátrica. La mejora incluye a los residentes nacionales de todas las especialidades y fija un piso: el nuevo salario no podrá ser menor al que recibían en términos reales en noviembre del año 2023.
La ley también incorpora un beneficio fiscal significativo. Exime del pago del impuesto a las Ganancias a todo el personal de salud de efectores públicos y privados por los ingresos generados en concepto de horas extras, guardias y otras actividades consideradas críticas.
La sanción de la ley reflejó un contundente aislamiento del oficialismo. El tablero del recinto marcó 62 votos a favor y solo ocho en contra. La mayoría se conformó con el apoyo del kirchnerismo, la UCR, Pro y diversas fuerzas provinciales. Este resultado, superior a los dos tercios, otorga al Congreso una posición de fortaleza para insistir con la ley en caso de un eventual veto presidencial, una medida que Javier Milei ya anticipó.
El debate tuvo momentos de alta carga emotiva. El senador Luis Juez (Pro), padre de una niña paciente del Hospital Garrahan, intervino con la voz quebrada. “No nos pueden robar la última esperanza que nos queda de que algo se puede hacer con nuestros hijos; y esa esperanza se construye sólo en el Garrahan. No sé cuánta plata es esto, pero lo que necesite el Garrahan, claramente se lo merece”, afirmó.
El peronista Guillermo Andrada, médico de profesión, criticó la política económica del Gobierno y la contrastó con las necesidades del hospital. “La timba del dólar futuro son cuatro presupuestos del Garrahan”, destacó. El legislador catamarqueño subrayó que el centro de salud “atiende el 40% de los cánceres infantiles de nuestro país”.
La senadora Natalia Gadano (Por Santa Cruz) calificó la jornada como el día más triste de su labor legislativa. “Tratar una ley de emergencia es admitir la ausencia por parte del Estado. El Garrahan es un orgullo nacional. La emergencia pediátrica no es un capricho, es una necesidad que debe ser atendida con urgencia. La vida de un niño vale más que cualquier presupuesto”, sostuvo. Ningún senador del oficialismo tomó la palabra para argumentar en contra del proyecto.
La ley establece que el Poder Ejecutivo Nacional reasignará las partidas presupuestarias necesarias desde el Ministerio de Salud. También podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias. La autoridad de aplicación será el propio Ministerio de Salud de la Nación.
Para asegurar su cumplimiento, se crea una comisión de seguimiento y evaluación. Estará integrada por autoridades de las comisiones de Salud de Diputados y del Senado, representantes del Ministerio de Salud, del Consejo Federal de Salud (COFESA) y de la Sociedad Argentina de Pediatría. Este organismo deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el avance y la correcta implementación de la ley.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.