El Gobierno avanzó en la reprivatización de las represas del Comahue, con la redacción de los pliegos y la convocatoria a licitación. Además, dispuso que la tasación del paquete accionario sea realizada por un banco público. Días atrás, por decreto, había transferido el control de las sociedades hidroeléctricas a la Secretaría de Energía y autorizado la venta de las acciones mediante un concurso público nacional e internacional “sin base”, es decir sin exigir un precio mínimo para las ofertas. La licitación cerrará en octubre, de modo que antes de fin de año se conocerán los nuevos concesionarios.
La Resolución 1200/2025 publicada el miércoles en el Boletín Oficial, inicia formalmente el procedimiento de privatización de las sociedades operadoras de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en la región del Comahue. El contrato de concesión de estas represas, nacido con las privatizaciones de la década del 90, venció en 2023, pero fue sucesivamente prorrogado.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será encargada de coordinar todas las acciones del proceso, y encargará la tasación de las acciones a una entidad bancaria del sector público, la misma función ya asignada en el caso de la privatización de AySA, que el gobierno aceleró también esta semana.
La Resolución 1200/2025 fija el plazo para realizar consultas a los pliegos hasta el 13 de octubre, mientras que el límite para la presentación de ofertas por parte de los interesados es el 23 de octubre. La intención gubernamental es adjudicar las nuevas concesiones antes de fin de año, cuando caduca la extensión de la operatoria a las actuales empresas.
Los nuevos concesionarios tendrán la posibilidad de disponer libremente de un porcentaje creciente de la energía generada en las centrales, contratando en el mercado a término o en el mercado spot, en línea con los lineamientos de normalización fijados por la Secretaría de Energía.
Desde el ministerio de Economía remarcaron que “el proceso fue consensuado en estrecha colaboración con los gobiernos de las provincias de Neuquén y Río Negro; los pliegos de condiciones y los nuevos contratos de concesión incorporan una serie de modificaciones solicitadas por las provincias que atienden demandas históricas sobre la operación de los últimos 30 años”.