El gobierno argentino presentó anoche un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska en el que pidió la suspensión de la decisión que tomó este lunes sobre YPF hasta que la Cámara revisora se expida sobre la cuestión de fondo. “Se pide que suspenda su decisión, hasta tanto se revise su decisión”, indicaron a LA NACION altas fuentes con acceso al expediente.
En paralelo al pedido de suspensión, el Gobierno ya diseña la apelación sobre la cuestión de fondo que presentará, todo indica, antes de mediados de mes. En tanto, niega de forma contundente que haya negociaciones con los fondos Burford y Eton Park, ni que las vaya a haber.
El pedido de suspensión es el primer paso del Estado argentino en el caso, luego de que este lunes Preska ordenara al país que entregue, en un plazo de 14 días, el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera.
La jueza estableció esta forma de pago por la sentencia en contra del país en primera instancia, de US$16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.
En su escrito de cuatro páginas, al que accedió LA NACION, la defensa argentina argumentó que Preska se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones.
“Preska está invadiendo una jurisdicción. No puede ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”, explicaron en la Casa Rosada. Agregaron, y así lo dejaron sentado en el escrito, que cualquier decisión vinculada a la expropiación de la petrolera deberá pasar por el Congreso de la Nación y obtener una aprobación con dos tercios de los votos.
Para la Argentina, si se avanza con la decisión de Preka podría haber “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, fue una de las frases citadas por los abogados en el escrito al señalar que, si los fondos que reclaman tomaran control del paquete accionario de la petrolera y eventualmente decidieran venderlo, algo que ya solicitaron en sus presentaciones judiciales, el daño causado a la Argentina sería irreparable, incluso si ganara la apelación por la cuestión de fondo.
“Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, consideraron los representantes argentinos en la presentación.
En el escrito se remarca que el interés público está en juego, ya que no se trata de un conflicto comercial común, sino de una situación que involucra a un Estado soberano, su legislación interna y una empresa que cotiza en bolsa y tiene 23.000 empleados. Por eso, se insistió en la necesidad de suspender la ejecución de la orden hasta que la apelación sea resuelta.
El monto es otro de los puntos de discusión en el futuro cercano. En el Gobierno se muestran convencidos que puede ser “mucho menor” a los US$16.100 millones definidos por Preska, dependiendo si se toma al tipo de cambio de pesos a dólares de cuando se realizó la expropiación, en 2012, o bien cuando se decidió la ejecución, en septiembre de 2023, así como el precio de las acciones en cada momento.
“Tenemos expectativas razonables”, dijeron fuentes con acceso al expediente sobre cómo podría reducirse el monto. “Hay argumentos muy sólidos para reducir la cifra”, recalcaron.
A partir de ahora, se espera la decisión de Preska frente al pedido de suspensión. En el medio, la partes tendrán, desde el momento en que se les corra vista del escrito, tres días hábiles para responder. Luego de eso, la Argentina tendrá otro días más para retrucar lo que hayan manifestado los fondos.
Los representantes argentinos tienen previsto, más allá de si hay o no respuesta de Preska, continuar eventualmente con su pedido, también ante la Cámara revisora.
En la Casa Rosada se desarrollaron a lo largo de este martes varios encuentros por el tema. Desde temprano ratificaron también la decisión de apelar el fallo de la jueza de Nueva York, como anticipó este lunes el presidente Javier Milei. Eso se hará, sobre la cuestión de fondo, dentro de los próximos quince días.
Consultados por este diario por los argumentos que se utilizarán para buscar rebatir la decisión, fuentes del palacio de gobierno aseguraron que estaban aún bajo estudio.
Por lo pronto, cerca del Presidente consideran el fallo de Preska como de “imposible cumplimiento”.
En la sede de Gobierno también negaron con contundencia que hubiera contactos con los bonistas, en tanto estos aseguran que sí los hay.
A nivel técnico en el país, el caso es llevado por Juan Ignacio Stampalija, segundo de Santiago Castro Videla en la Procuración Tesoro Nacional (PTN). Castro Videla, que asumió a comienzos de este año la jefatura de abogados del Estado en reemplazo de Rodolfo Barra, está excusado para participar en el caso porque su exsocio Alberto Bianchi fue testigo experto en el caso y en contra del Estado argentino en este litigio.
Stampalija tiene un plus que por estas horas resaltaban en el Gobierno: es orientador en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales. Abogado por la Universidad Austral, Stampalija tiene un Magíster en Derecho por la Universidad de Hong Kong y otro en estudios legales internacionales por la de Nueva York.
En tanto que en los tribunales de Nueva York seguirá interviniendo el estudio Sullivan & Cromwell LLP, que viene llevando la representación del país desde que comenzó el conflicto.