Varios hechos jalonan una semana muy interesante para el agro. Por un lado, las anotaciones de maíz y soja para exportar alcanzaron niveles sin precedentes (2 millones de toneladas en un solo día, el miércoles pasado). Esto indica que el mercado tomó nota de que, definitivamente, las retenciones de maíz y soja (en ellas se concentraron los registros) volverán a los niveles del año pasado: 33 y 12%, respectivamente.
Es lo que hay. Y no queda otra que esperar que se cumpla (más pronto que tarde) la promesa de reducirlas o eliminarlas al compás de la situación fiscal. En este sentido, la decisión de vetar cualquier iniciativa parlamentaria que implique un incremento del gasto público (léase jubilaciones, tema de alta sensibilidad social y política) es una agridulce luz de expectativa.
En este marco, cae también la cuestión del financiamiento del INTA, que en lo que va del siglo se deglutió 5.000 millones de dólares. No es un tema de corrupción, sino de eficiencia en la aplicación de los recursos. Un organismo que, nadie discute, fue importantísimo desde su creación, hace 70 años. Viene perdiendo viento día tras día, pagando justos por pecadores. Todos nos nutrimos en él, pero todos sabemos que no se puede vivir de las glorias del pasado. Hay mucho que defender. Y para ello, hace falta un cambio de rumbo drástico y racional.
Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, posteó el jueves un documento en el que informa que habrá una inversión de unos 4 mil millones de dólares para 16 proyectos de alto impacto en “salud, energía y agroindustria”. Y que se destinarán a organizaciones que “tienen resultados y rinden cuentas”. La dirigencia del sector (que forma parte de la conducción del INTA) tiene que afrontar este desafío con objetividad y profesionalismo.
Por supuesto, las entidades anteponen la cuestión de las retenciones por encima de cualquier otra consideración. Esto erosiona la relación con el Gobierno y esteriliza cualquier iniciativa. Es cuestión de poner el tema de los derechos de exportación entre paréntesis, sin que esto implique arriar la bandera ni dejar de presionar. Hay documentos, como el de FADA sobre el empleo en las cadenas agroindustriales, que aportan datos clave para inquietar a los hacedores de políticas. Algunos están convencidos de que la quita de las retenciones no se traducirán proporcionalmente en un aumento de la producción.
Hay también áreas donde la permeabilidad a las buenas ideas es evidente. En el ministerio de Desregulación, que todos perciben como el antro de la famosa motosierra de Milei, Federico Sturzenegger viene trabajando en cuestiones clave, que impactan en logística: bitrenes por ejemplo. O en ferrocarriles. Son temas de alto impacto, porque los fletes se llevan hoy lo mismo que las retenciones. También, en el acceso al riego, donde los gobiernos provinciales tienen muchos deberes por hacer.
Leyes y regulaciones ambientales interponen barreras que, al final del día, significan un pie en la puerta giratoria. Mientras que otras van al frente. Es notorio el contraste entre, por ejemplo, San Luis y Córdoba. Hoy San Luis tiene miles hectáreas bajo riego, produciendo megafardos de alfalfa que se convierten en leche en Dubai. En Córdoba hay tierras que podrían incorporarse rápidamente. Lo mismo en Entre Ríos, donde sobran recursos hídricos, pero la presión ecologista tiene a los gobiernos en retaguardia, mientras campea la pobreza.
Un último punto importante en esta semana es el nacimiento de la Bolsa Argentina de Carbono. Se trata de un mercado voluntario, que permite la transacción entre quienes generan bonos de CO2 y quienes los necesitan para compensar sus emisiones. Cae en un buen momento, porque aunque el Gobierno no lo entienda, los privados tienen que afrontar la presión de los consumidores. Y la producción agropecuaria argentina tiene mucho para ganar por su condición de productor cada vez más limpio.
De los laberintos se sale por arriba.