Atras de la desinflación que logró el Gobierno -con una tendencia a la baja que podría cortarse en febrero-, se esconde un culebrón de ocultamiento de cifras e insostenibles demoras en la aplicación de nuevas mediciones que confliguran un manejo polémico y poco ético del Ejecutivo de Javier Milei sobre la estadística de Precios al Consumidor. Hace unas semanas, se instaló un debate profundo sobre el tema al conocerse la cifra del 2,2 de inflación de enero, casi un punto menor al IPC de CABA, que mide correctamente con una canasta del 2018 (INDEC lo hace con una del 2004) y ponderando más Servicios que Bienes, al revés del organismo oficial. Incluso salieron gremios de la CGT y la CTA a advertir que «la inflación es un dibujo» y varias consultoras privadas empezaron a medir, en paralelo a sus estudios, con base 2018.
La trastienda política de cómo Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, manejan los designios del INDEC, dejó evidencias muy concretas, funcionarios que tabicaron la salida de nuevos indicadores, el curioso despido de la encargada de hacer el nuevo IPC y hasta informes y reuniones con el Fondo Monetario Internacional en los que el organismo ya le pedía al Gobierno, apenas asumido, cambiar la metodología de medición de inflación para no trastocar otros indicadores, que es lo que hoy empieza a pasar con pobreza, PBI e índice de salarios. En una coincidencia propia del destino, en el último encuentro con el FMI, fue de la partida Graciela Bevacqua, la directora de INDEC que fue desplazada por la intervención de Guillermo Moreno al organismo estadístico.
Este último dato amerita iniciar la historia política de cómo se manipula el índice desde el capítulo final. Es que en ese evento se ven casi todos los actores intervinientes y los caídos en desgracia por pelear por la aplicación de los nuevos indicadores. Entre el 27 de noviembre del 2023 y el 1 de diciembre, ya con Milei presidente, el INDEC realizó una jornada de intercambio con el FMI para el cambio de base del IPC. El representante del organismo fue Brian Graf, que abrió el evento junto a Marco Lavagna, presidente del ente, y Pedro Ignacio Lines, un ex CEMA que ejerce como director técnico del organismo y brazo político de la Rosada en ese lugar. También fueron de la partida Bevacqua, en modo asesora; la directora nacional de Estadísticas de Precios, Analía Calero; la directora de Índices de Precios de Consumo, Georgina Giglio, y la coordinadora del IPC, Marcela Almeida, que también había sido desplazada con Moreno.
La primera misión del FMI
Esa primera misión del organismo internacional la solicitó el propio Lines, pero cuando llegó el FMI todo cambió: el Fondo confirmó que los trabajos que se venían haciendo con la mueva metodología del IPC eran correctos y pidió aplicarla en abril del 2024. Lo único que pidió es que se use la Encuesta de Hogares con evolución de precios. Cuando Lines (que peleaba por usar datos de cuentas nacionales) se dio cuenta que, con ese cambio, la inflación daría más alta, arrancó la novela y los hostigamientos a los funcionarios técnicos que habían hecho la metodología. En paralelo, el propio Lavagna había dado el ok de avanzar en el cambio «si el FMI confirma que está bien».
Aquí un dato muy relevante: Brian Graf, el funcionario del FMI que participó de esas reuniones y avaló el IPC Nacional del INDEC con la nueva fórmula que el Gobierno de Milei oculta, es el mismo que avaló, años antes, el IPC CABA. Es decir, el «INDEC» de la Capital Federal aceptó y aplicó la metodología nueva que el INDEC nacional niega aplicar, en este último caso por pedido político de la Casa Rosada. ¿Por el Gobierno de Milei decidió no mostrar el nuevo IPC? La respuesta es sencilla: porque cambiar la metodología significaría reconocer 18 puntos más de inflación del 2024, lo extra de este 2025 y, sobre todo, que la inflación de los últimos dos años del Gobierno anterior (con precios de la energía efectivamente pisados) fue bastante menor que lo reportado por el IPC, aún teniendo valores récord que a la gestión Fernández le terminaron haciendo perder la elección.
Antes de irse de aquella primera visita al INDEC, Graf, del FMI, dejó no sólo el pedido de cambiar la canasta del 2004, sino modificar los ponderadores (que pese más Servicios y Tarifas porque en los gastos familiares eso es hoy más importante) y hasta usar tablets en lugar de formularios en papel para salir a la calle a encuestar precios.
Persecución y despidos
Con el FMI ya retirado, los técnicos de INDEC se pusieron a trabajar contra reloj para armar el nuevo IPC. En paralelo, según cuentan quienes conocen el paño, los jefes del organismo, pero sobre todo Lines, admitían las presiones recibidas de la Casa Rosada para no sacar el indicador actualizado y buscaban «ganar tiempo» para que no entrara el tema en agenda. Las indicaciones a Lines venían, directamente, del Ministerio de Economía que conduce Caputo.
El tiempo pasó y, en octubre del 2024, el FMI volvió a la Argentina a reunirse con funcionarios del INDEC. Esas reuniones constan en las actas de ingresos del ente y hasta en reportes del FMI. El enviado de los de Kristalina Georgieva fue, otra vez, Graf, que se sorprendió al ver que en menos de 8 meses se había conseguido hacer la fórmula nueva y hasta implementar las tablets en las encuestas de calle. «Lo hicieron en tiempo récord», admitió el funcionario de Fondo.
Tras esa visita, el FMI hace un segundo informe asegurando que se habían cumplido todos loos procesos y que «recomendamos» que el nuevo IPC se anuncie en noviembre, en referencia a ese mes del 2024, para ser aprolicado en enero del 2025. Naturalmente, esto no ocurrió y el INDEC arrancó el 2025 midiendo igual de mal que en el 2024.
Todo esto se dió, además, días después de que el INDEC decidiera despedir a Analía Calero, la encargada del IPC y quien más había trabajado en la nueva fórmula. Nadie pudo explicarle por qué salió del cargo en medio del debate entre la Rosada y el INDEC por el IPC. Aún hoy en el organismo niegan dar detalles. Lo paradójico de esta historia es que Calero ya había sido corrida del INDEC en la razzia de Guillermo Moreno, en la que habían caído, también, Alameida y Bevacqua. Las tres volvieron durante el gobierno de Macri y las últimas dos son asesoras del organismo estadístico.
A las puertas de un escándalo político
Lavagna, que venía en INDEC desde la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y, vale aclarar, ya trabajaba en aquel entonces en la fórmula para mejorar el IPC, quedó en el medio de tensiones que pueden derivar en un problema político para el Gobierno.
Los que lo frecuentan afirman que cree que debe aplicarse la nueva metodología «ya mismo». De hecho, fue él mismo quien meses atrás salió a dar una entrevista radial en esa línea, justo cuando se empezaba a cuestionar la metodología del INDEC. El asunto es que no para el titular del INDEC sólo un tema de IPC: incluso está sin aplicar la nueva metodología que corrige el rezago de 5 meses que tiene el indicador de salarios privados no registrados, que fue lo que más impulsó el último indicadior. A eso hay que sumarle que, ante ese faltante, también hay un IPC mal medido, por lo cual está muy afectada la comparación precios/poder de compra del salario.
En ese contexto, la mejor muestra de la disconformidad de Lavagna con la gestión es lo que hizo a fin del año pasado: al momento de dar el penúltimo IPC, habilitó una calculadora para que cualquier ciudadano pueda ingresar sus gastos y sacar su propio costo de vida. Dejando así en evidencia que, incluso para el titular de INDEC, la muestra no es representativa.
Dato de de color, que pinta la escena: en los pasillos de INDEC se rumorea que, como en la era Moreno, el Gobierno usa indicadores más fieles para calcular el resto de las variables de ejecución de gestión y política económica. Lo cual es natural a sabiendas de las distorsiones que supone no actualizar fórmulas.