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domingo, 22 diciembre, 2024
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La oposición presiona al oficialismo para ampliar el Presupuesto 2025 en educación

En medio del conflicto entre el gobierno y las Universidades, el Poder Ejecutivo no descarta la posibilidad de ampliar el Presupuesto 2025 aunque supeditó el incremento sólo si se mantiene el déficit cero, según lo sugirió hoy el secretario de Educación, Carlos Torrendell pero le tiró la pelota al Congreso sobre qué partidas reasignar. 

«El Congreso -respetando el marco del déficit cero- podrá estudiar qué partidas se pueden reasignar; ha habido distintas ideas en los planteos, puede haber otras; efectivamente puede seguramente ampliarse el presupuesto universitario sobre la base de los análisis que ustedes con seriedad encararán», expresó Torrendell, al exponer en la comisión de Presupuesto de Diputados. 

El funcionario respondió de esta manera a los cuestionamientos opositores sobre la inversión en educación prevista por el gobierno nacional, que incluyó chicanas y cruces entre el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Alvarez, y diputados de la oposición. 

Educación: ¿se podría ampliar el Presupuesto 2025? 

El primer cruce fue con el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que hizo referencia a un «aumento del financiamiento en otras áreas que no parecieran ser tan prioritarias como la educación«.  

También, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna cuestionó «la degradación del Ministerio a Secretaría, la eliminación del FONID, el desfinanciamiento de las universidades, la intervención de Educar, el desmantelamiento de programas estratégicos, como Conectar Igualdad o Libro para Todos«, entre otras medidas. 

Para responder, Torrendell remarcó que «de ninguna manera se puede comparar un presupuesto realizado como se ha hecho hasta ahora, en base a la deuda y emisión, con uno de déficit cero; en cualquier comparación de ese tipo las conclusiones terminan siendo profundamente injustas». 

Torrendell afirmó que la inversión en educación en el presupuesto será comparable a la de 2012, cuando se invirtió 5% y al repasar los porcentajes año por año, detalló que en 2023 fue del 6% «y en 2024, año actual del cual se habla del ajuste, de un 4,6%, y el proyectado un 5%, retomando la inversión de 2012». 

«Ahí sí se están diciendo las cosas cómo son. Dentro de un presupuesto que no es comparable estamos hablando de la inversión, excepto del año pasado, comparable con 2012″, insistió. «¿Por qué pudiéndose endeudar y emitir se gastó tan poco en educación? Menos de lo que estamos proporcionalmente proponiendo para el año que viene», continuó. 

La discusión por los fondos para las universidades atravesó la mayor parte de la reunión aunque los funcionarios del gobierno privilegiaron la baja del gasto educativo porque los recursos no están orientados a buenos resultados de aprendizaje sino que «se han invertido en otras acciones y no han tenido tanto impacto educativo específico».

El debate: polémicas y chicanas  

Torrendell defendió las partidas asignadas a las universidades, que dijo ascienden a $4 billones de pesos, y destacó que esos recursos representan dos terceras partes del presupuesto de su área, es decir el 4% del total del Presupuesto 2025.  

Esa afirmación fue refutada por la oposición, que cuestionó las prioridades del Gobierno y habló de «ajuste» y «desfinanciamiento», contemplados en el Presupuesto 2025 que envió el Poder Ejecutivo y que el oficialismo pretende aprobar antes de fin de año.  

En un guiño al sector educativo, Torrendell afirmó que «la política salarial se deberá seguir discutiendo, con el dialogo que hasta ahora tenemos con gremios y universitarios para seguir afianzando la política salarial dentro de política de déficit cero». 

Sin embargo, fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, quien subió la apuesta y calentó un poco los ánimos de los diputados opositores que cuestionaron la inversión dispuesta por el gobierno en materia educativa. 

En ese marco, Alvarez precisó que el próximo año la base salarial de un docente universitario será de $1,3 millones mensuales y dijo que «dentro de todos los salarios del Estado, los que más han crecido son los de los docentes», a la vez que aclaró que «contra toda la campaña del miedo no vamos a cerrar ninguna universidad y vamos a sostener la oferta pública porque creemos en ella». 

No obstante, la oposición insistió en mejorar las partidas presupuestarias para las universidades pero el funcionario remarcó: «Tenemos que lograr que se pueda avanzar en las universidades y finalmente los alumnos se gradúen. Que tiene que ver con este paradigma de que efectivamente nuestros alumnos aprendan y se gradúen».

Las partidas para las universidades

Según el Presupuesto 2025, la partida asignada a la educación superior en 2024 será la más baja de los últimos 30 años en términos reales. 

El proyecto del Presupuesto enviado por Milei al Congreso prevé para 2025 la mitad de los fondos que reclaman las universidades.

En los primeros 7 meses del año de la gestión de Javier Milei se ejecutó, un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período de 2023, a valores reales. 

Los $3,8 billones previstos en el mensaje del Ejecutivo son la mitad de los fondos que las universidades reclaman. 

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado al Gobierno $7,2 billones para atender los gastos salariales y de funcionamiento el año próximo. La cifra fue acordada por más de 70 autoridades universitarias en un plenario realizado el 30 de agosto en Santa Rosa, La Pampa. En ese encuentro, se estableció que los fondos necesarios para el próximo año se estiman en aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto (PBI).

Según datos que brindo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su informe ante la Cámara de Diputados hasta el 31 de julio pasado, se habían girado $1,5 billones a las casas de estudio, de los cuales el 89% eran sueldos. Para el 11 de septiembre, última fecha con información disponible en el sitio de Presupuesto Abierto consultada para la elaboración de esta nota, la ejecución había ascendido a $1.881.286 ($1,8 billones), el 62%.

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