La muerte del líder opositor Alexei Navalny reavivó la preocupación mundial por la gran cantidad de disidentes, desde líderes políticos hasta civiles, que es procesada en Rusia por expresar críticas al Kremlin, incluso en el ámbito privado.
A casi dos años del comienzo de la invasión a Ucrania, las medidas que más ayudaron silenciar el disenso fueron sin dudas las severas leyes de censura impuestas tras el inicio de la guerra. En el territorio ruso hoy solo está permitido el relato oficial del presidente Vladimir Putin.
Desde que se introdujeron las primeras modificaciones al Código Penal, diez días después del inicio de la invasión, más de 9500 personas fueron procesadas por la Justicia civil y penal, de acuerdo con información recopilada por la ONG de Derechos Humanos rusa OVD-Info. Las normas se fueron ampliando con el paso del tiempo. Al principio eran sancionados quienes hicieran pública “información no confiable” o “desacreditaran a las Fuerzas Armadas” u otros organismos o funcionarios estatales. Pero ahora hay 51 leyes que penalizan cualquier tipo de disenso con la versión del gobierno.
La primera acusada por difundir “información falsa” sobre la ocupación de Ucrania, fue la popular autora rusa de libros de cocina y bloguera gastronómica Veronika Belotserkovskaya, cuyo procesamiento comenzó 12 días después de las primeras modificaciones del Código Penal y concluyó casi un año más tarde, el 5 de febrero del año pasado, con una condena a nueve años de prisión.
Belotserkovskaya, nacida en Odessa, Ucrania, denunció en Instagram que las fuerzas rusas estaban “atacando a la población civil” en su país de origen. La bloguera logró salir a tiempo de Rusia, pero fue condenada en ausencia y tiene confiscadas sus propiedades en Moscú y San Petersburgo.
Pero no todos los 9500 procesados tuvieron la posibilidad de escapar. Además de la brutal represión de los principales líderes, como Navalny, muchos rusos fueron procesados e incluso condenados luego de juicios kafkianos e insólitos.
La noticia más reciente esta semana fue la detención de la influencer rusa Alena Agafonova, de 23 años, que el año pasado subió a su cuenta de Instagram -red prohibida en Rusia- un video en el que con su dedo le hacía cosquillas al pecho derecho de la histórica estatua de la Madre Patria, en Volgogrado.
Agafonova, que todo este tiempo se escondió en Sri Lanka y se encontraba entre las personas más buscadas de Rusia, fue detenida al regresar el domingo pasado a Moscú e inmediatamente la trasladaron a Volgogrado. Allí enfrenta un juicio que la podría dejar en la cárcel por cinco años acusada de “profanación de un símbolo de la gloria militar de Rusia e insulto a la memoria de defensores de la patria, asociada con el uso de internet”, según le informó un agente de la ley en un video conocido esta semana.
Las autoridades aparentemente también obligaron a Agafonova a reconocer su “estupidez” en un video distribuido por las autoridades, una tendencia creciente en el estado represivo de Putin para quienes desobedecen las leyes cada vez más estrictas.
“Me dirijo a todos los residentes de Rusia y Volgogrado y les pido a todos que no cometan los actos que yo hice el año pasado debido a mi estupidez”, dijo. “Ni siquiera pensé que podía insultar los sentimientos de alguien. Pido perdón a todos los ciudadanos rusos”.
2. Entre el cielo y el infierno
Los máximos dirigentes de la Iglesia ortodoxa rusa, comenzando por el Patriarca Kirill, están plenamente alineados con el gobierno de Putin y llaman reiteradamente a los rusos a unirse a las autoridades para ayudar a derrotar a “los enemigos de la unidad histórica entre Rusia y Ucrania”. Pero no todo el clero ruso adhiere a esa consigna.
El mediático sacerdote Ioann Kurmoyarov, de San Petersburgo, que tenía en YouTube el canal “Parroquia Ortodoxa Virtual” se atrevió en marzo de 2022 a subir allí un video en el que planteaba el conflicto en Ucrania en términos de juicio final, sobre quiénes merecerían finalmente ir al cielo o al infierno.
La ONG OVD-Info recordó que en el video Kurmoyarov decía que los soldados rusos muertos en Ucrania irían al infierno, no al cielo. “El cielo es para los pacificadores. ’Bienaventurados los pacificadores’. ¿Entienden cuál es el problema? Los que desataron la agresión no estarán en el cielo”, dijo el sacerdote.
El primero que le soltó la mano al padre Kurmoyarov luego de sus declaraciones fue el propio Patriarca Kirill, que el 1 de abril de ese año lo despojó de su condición de sacerdote. Las autoridades lo arrestaron el 7 de junio y lo enviaron a una prisión bajo acusación de “difusión pública, bajo la apariencia de declaraciones creíbles, de información deliberadamente falsa”.
El 31 de agosto del año pasado el Tribunal de Distrito de Kalininsky en San Petersburgo lo condenó a tres años de prisión y le prohibió hacer publicaciones en línea durante dos años. Anteayer el Tribunal Municipal de San Petersburgo confirmó la sentencia de Kurmoyarov.
Hasta ahora fueron ignorados los pedidos de cuidados médicos para Kurmoyarov que en la prisión sufre problemas de hipertensión, daños en las articulaciones y abscesos en el cuerpo.
Yuri Shevchuk, de 66 años, líder de la banda DDT, es para muchos el mejor compositor y músico de rock de Rusia, capaz de llenar estadios completos desde hace décadas en cada uno de sus shows. Sus canciones que desde los años 80 denuncian la vida en el interior pobre del país, nunca fueron condescendientes con las autoridades, lo que en tiempos de la Unión Soviética le valió ser censurado y la prohibición de realizar recitales y grabar discos. Pero su popularidad nunca menguó.
Ya en los primeros años de Putin, tampoco cerró la boca y fue público un video de 2010 cuando el entonces primer ministro convocó a dialogar en un almuerzo a personalidades de la cultura y, a su turno, Shevchuk denunció en esa mesa que días antes había recibido un llamado, probablemente de un asistente del gobierno, que le pidió que durante la comida no abordara cuestiones irritantes.
Todo eso lo contó ante la mirada incómoda del premier que escondía su boca tras una taza de café. A partir de ese momento Shevchuk se explayó durante tres minutos cuestionando la falta de libertad de expresión y de prensa, y la corrupción en el gobierno. Solo la enorme popularidad de Shevchuk, y el hecho de que en 2010 Putin aún no había desplegado a pleno su estilo autoritario, hicieron que el entredicho no tuviera otras consecuencias más que la furiosa contestación de Putin en aquel momento.
Pero la ocupación de Ucrania enardeció a Shevchuk, hijo de padre ucraniano.
En mayo de 2022, durante un concierto en la ciudad rusa de Ufá el popular compositor dijo ante miles de personas: “Ancianos, mujeres, niños están muriendo en Ucrania por algunos planes napoleónicos de nuestro próximo César. […] Pero la patria, amigos míos, no es el presidente. No es ese un culo al que haya que babear y besar todo el tiempo. La patria es una anciana empobrecida que vende papas en la estación de tren”, afirmó ante la multitud, que vitoreó y aplaudió su discurso.
La policía presente en el estadio enfrentó a Shevchuk en los mismos camarines, inmediatamente después de que bajara del escenario, y le hicieron saber que había infringido las leyes de censura. Pero luego de varios meses de procesamiento, finalmente las autoridades no se atrevieron más que a imponerle al popular músico una sanción administrativa de 50.000 rublos, poco más de 800 dólares.
4. Diálogo telefónico de amigos
En un régimen autoritario la línea divisoria entre vida privada y pública queda difuminada. Así lo pudo comprobar el policía ruso Sergey Klokov, originario de Bucha, Ucrania, que fue denunciado luego de un diálogo telefónico personal en marzo de 2022 con su compañero Yuri Kurishko al que le dijo que no había “nazis” en Ucrania, tal como sostuvo el Kremlin para justifica la invasión. Además le comentó con preocupación que el ejército ruso había destruido Bucha, su ciudad de origen. “Ni siquiera los alemanes en la Segunda Guerra se atrevieron a tanto. Había niños allí, muchos niños fueron asesinados”, le comentó a su amigo en la conversación telefónica, según reportó en su momento el sitio ruso Mediazona.
Kurishko y otros dos compañeros denunciaron entonces a Klokov por ese y otros comentarios en contra de la guerra realizados en conversaciones telefónicas privadas. “No me explico por qué se volvió tan radical”, dijo Kurishko ante el tribunal.
El abogado defensor, Daniel Berman, intentó defender a su acusado. “Una condena de mi cliente en este caso significaría que cualquier conversación privada, incluso en la cocina, podría considerarse difusión pública de información. Es una interferencia monstruosa en la privacidad de las personas. Y si todas estas conversaciones se califican de odio, entonces resulta que toda nuestra vida está impulsada por el odio o la enemistad de unos hacia otros”, explicó ante la jueza.
Pero la defensa no convenció a la magistrada. El 24 de abril de 2022, la jueza Svetlana Aleksandrova condenó a Klokov a 7 años de prisión.
“Rusia comenzó esta guerra, sin ningún motivo. Rusia no protege a nadie, no lucha contra la OTAN ni contra el nazismo, sino que simplemente atacó a un país vecino. Los soldados no mueren como héroes, son muertos como invasores. Rusia es el agresor en esta guerra”, escribió en marzo del año pasado la abogada Lydia Prudovskaya, de la ciudad de Mirny, en la región de Arkhangelsk, en la red social rusa VKontakte.
Su publicación le valió cargos criminales por “desacreditar a las Fuerzas Armadas”. Pero lo más insólito de su caso fue que fueron citados a declarar como testigos en su contra sus propios hijos: una niña de 9 años y un chico de 11 años.
En Rusia los menores pueden ser llamados como testigos, pero deben concurrir acompañados por un psicólogo, un requisito que fue cumplido en este caso. El 31 de julio pasado, los dos hijos de Lydia: Alicia, de 9 años, y Evgeni, de 11, que fue adoptado siendo bebé, fueron interrogados por separado durante 15 minutos cada uno por el Comité de Investigación y se les preguntó sobre la vida y conversaciones con su madre. A la mujer no se le permitió participar en el procedimiento porque según el comité de investigación, podría presionar a los niños.
El caso aún está en proceso pero el mayor temor de Lydia no es eventualmente su encarcelamiento, sino que le sea quitada la maternidad de su hijo adoptivo, Evgeni.
Además, por el juicio penal en su contra, le quitaron a Lydia el registro de conducción, perdió su trabajo, el propietario le revocó el contrato de alquiler de la vivienda familiar y no consiguieron quién les alquilara un alojamiento en el pueblo, por lo que debieron mudarse a otra ciudad. Lydia está sobreviviendo gracias a su trabajo particular como abogada.