Las modalidades de hackeo son infinitas, crecen a diario y los casos de tráfico de datos sumaron este fin de semana las denuncias de una maniobra que afectaría los datos personales de unos 31.000 usuarios registrados en el sistema Mi Argentina, el portal oficial que sirve para gestionar numerosos trámites, sacar turnos en entes oficiales y acceder a otros servicios digitales del Estado.
Una compañía especializada en ciberseguridad afirmó haber detectado una potencial amenaza que afecta a miles de ciudadanos registrados en «Mi Argentina», y divulgó esa situación a través de X, la ex Twitter:
La publicación incluye capturas que reproducen presuntos ejemplos de cuentas hackeadas de ‘Mi Argentina’, aunque evitan mostrar las identidades de las víctimas de esas imágenes que se muestran, y los números de documentos aparecen tapados.
Lo cierto es que quien acceda a esos datos, podría visualizar varios de los documentos que los usuarios hayan registrado en el sistema, por ejemplo, licencia de conducir, registro de vacunación Covid-19, constancias de CUIL, credenciales ART o certificados de antecedentes penales, entre otros.
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El peligro de los ataques cibernéticos
Por supuesto de confirmarse la situación, lejos estaría de ser la primera vez que se produce una amenaza cibernética en los sistemas informáticos oficiales.
De hecho, en noviembre del año pasado la propia Corte Suprema puso en marcha una «Oficina de Ciberseguridad», organismo especial que funciona «bajo la órbita de la Dirección de Sistemas» con el objetivo de prevenir justamente eventuales hackeos a sus documentos y bases de datos de tramitación de causas.
Dicha oficina se encargará de «gestionar la seguridad cibernética de la Corte Suprema, asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y sistemas».
«En el contexto actual de digitalización y modernización, los procesos judiciales y administrativos enfrentan desafíos sin precedentes, siendo las amenazas cibernéticas una de las principales preocupaciones, dada su capacidad para comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas informáticos del Tribunal», explicaron las autoridades.
CA/HB