Saudi Telecom (STC), la operadora controlada por Estado de Arabia Saudí, ha provocado una sacudida con su sorpresiva irrupción en el accionariado de Telefónica. La compañía aspira a convertirse en el principal accionista de la teleco española, con una participación del 9,9%, y para conseguirlo debe contar con el permiso explícito del Gobierno español.
Transcurridos casi dos meses desde que STC anunció su entrada en el capital de Telefónica, el grupo saudí sigue sin formalizar la solicitud de autorización ante el Gobierno para completar el control del paquete accionarial del 9,9%, sigue sin desvelar cuándo lo hará y sigue sin confirmar si solicitará sentarse en el consejo de administración del grupo español. Y mientras dura la espera, el Gobierno insiste en destacar el carácter estratégico de Telefónica para España y su intención de velar por la autonomía de la compañía y por los intereses nacionales en todo momento.
La operadora árabe, controlada en un 64% por uno de los fondos soberanos de Arabia, se mueve para tranquilizar los ánimos y confirmar las intenciones amistosas de la operación. Saudi Telecom aprovechó la presentación de sus resultados trimestrales para prometer «cooperación» con Telefónica y mostrar su plena «confianza en el crecimiento y el potencial al alza» del grupo comandado por José María Álvarez-Pallete.
«Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo con presencia en mercados principales como España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Esta inversión busca fortalecer la cooperación entre las dos compañías para que se beneficien de todas las oportunidades disponibles en el futuro», indicó el consejero delegado de STC, Olayan Alwetaid.
Desde Saudi Telecom se subraya la operación como un “hito en la estrategia de expansión y crecimiento” del grupo y que la transacción misma es una muestra de confianza en el “crecimiento sostenible y el potencial al alza” de Telefónica. La compañía saudí ensalza la “cartera única de activos de infraestructuras de primer nivel y de plataformas de última generación” de la teleco española como piezas fundamentales para justificar su interés en la cooperación entre ambas compañías.
La vigilancia del Gobierno
Saudi Telecom ha adquirido una participación directa del 4,9% de las acciones de la compañía española y otro 5% de manera indirecta mediante derivados financieros, por un total de unos 2.100 millones de euros. El grupo saudí actualmente sólo puede ejercer los derechos de voto correspondientes a ese paquete directo del 4,9%.
La operadora árabe debe pedir permiso al Ministerio de Defensa y contar con el ‘ok’ posterior del Consejo de Ministros si pretende ejercer los derechos políticos hasta el 9,9% o si confirma su intención de tener presencia en el consejo de administración de Telefónica. El Gobierno no puede tomar ninguna medida si el nuevo inversor no mueve ficha y activa el proceso para superar la cota actual.
«Telefónica es una empresa estratégica para España por su papel en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también en el ámbito de la defensa», subrayó este lunes la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «El Gobierno está defendiendo ese interés estratégico para nuestro país, al tiempo que estamos atrayendo inversiones extranjeras para la atracción de nuevas tecnologías, de innovación, de crecimiento y de creación y generación de empleo de calidad que conlleva este tipo de empresas en nuestro país y de sus nuevas inversiones».
Desde el Gobierno se ha evitado comentar si entre las maniobras que estudia para velar por la autonomía de la compañía y, a la postre, por su españolidad, figura la posibilidad de que el holding público de participaciones industriales SEPI compre un paquete accionarial en Telefónica, apoyado por empresarios españoles, como ha informado El Confidencial. La toma de un 5% por SEPI permitiría crear un núcleo estable de accionistas españoles, junto a BBVA (4,87%) y Caixabank (3,5%, que suma otro 1,5% en manos Criteria, el brazo inversor de Fundación Caixa).