El senador provincial Pablo Petrecca (PRO) pidió el tratamiento de una iniciativa presentada hace 164 días para controlar las comunicaciones de los internos. El planteo se produjo tras la detección de un celular utilizado para amenazar a una familia de Junín desde la Unidad Penitenciaria 16.
El senador provincial Pablo Petrecca (PRO) reclamó este martes la sanción de un proyecto de ley de su autoría que regula el uso de celulares en las cárceles bonaerenses, presentado hace 164 días en la Cámara alta. El pronunciamiento se produjo luego de que se detectara un teléfono móvil utilizado por un interno de la Unidad Penitenciaria 16 de Junín para amenazar a una familia de esa ciudad.
«Hace 164 días presentamos en el Senado bonaerense un proyecto para ordenar y controlar el uso de celulares en las cárceles. Hoy, el proyecto duerme en el Senado mientras el gobernador sigue sin tomar una decisión para solucionar este problema, se desentiende, como en muchas otras problemáticas y mientras tanto, los casos se multiplican», declaró Petrecca, presidente del Bloque de Senadores del PRO.
El legislador también se refirió a la actuación del gobernador Axel Kicillof: «Es un flagelo que padecen cada vez más bonaerenses, y mientras esperamos que avance nuestro proyecto de ley, vemos que en esta problemática también el gobernador decide mirar para el costado».
Petrecca sostuvo que «es ilógico como diariamente vemos que se ‘detienen’ a presos de las cárceles bonaerenses por el delito de estafas y amenazas, a bandas narco que operan con absoluta tranquilidad mientras todos los días, vecinos y vecinas de la Provincia reciben una llamada, un mensaje o una amenaza de alguien que busca engañarlos y quedarse con el esfuerzo de toda una vida».
El contenido del proyecto
La iniciativa propone modificar el esquema actual de comunicaciones en el Servicio Penitenciario Bonaerense, que se rige por un protocolo de emergencia sanitaria implementado en 2020 durante la pandemia. Según el texto presentado por Petrecca, ese sistema continúa vigente para unos 49.000 detenidos, pese a que fue concebido como una medida excepcional y sin una ley específica ni control legislativo.
El proyecto crea el Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma cerrada que permitiría a las personas privadas de la libertad comunicarse únicamente con contactos previamente registrados y verificados. Este esquema excluiría el acceso a internet abierto, redes sociales y otras herramientas digitales no autorizadas, con el objetivo de garantizar un sistema de contacto con el exterior bajo supervisión estatal.
Al momento de su presentación, Petrecca había manifestado que «de esta manera, esta iniciativa busca dar una respuesta institucional a una problemática que desde hace tiempo genera alarma tanto en la Justicia como en las fuerzas de seguridad: el uso de celulares dentro de cárceles para concretar estafas telefónicas, amenazas, extorsiones y otras maniobras delictivas».
El caso en la Unidad 16 de Junín
En las últimas horas, la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, en articulación con la UFI N° 6 y el Servicio Penitenciario Bonaerense, allanó un pabellón de la Unidad N° 16 y secuestró un celular utilizado para amenazar a una familia juninense desde el interior del penal. El dispositivo era operado por un condenado por un crimen que conmocionó a Junín.
La investigación se inició a partir de la denuncia de un vecino de Junín que recibió mensajes de audio amenazantes a través de WhatsApp. El operativo expuso una modalidad delictiva en crecimiento: el uso de teléfonos celulares por parte de internos para cometer ilícitos desde las unidades penitenciarias.