La Asociación Judicial Bonaerense se pronunció en respaldo de la jueza Marta Pascual y solicitó el cese de ataques, que según el gremio también alcanzaron al personal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) emitió un pronunciamiento en el que pidió frenar lo que describió como una campaña de hostigamiento contra la jueza Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. El gremio sostuvo que los ataques también involucraron a trabajadores del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, donde se desempeña la magistrada.
La resolución de Pascual, dictada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo, dispuso la suspensión preventiva de la Ley 27.801, que establece el nuevo régimen penal juvenil. Según el fallo, la medida se fundamentó en la falta de condiciones materiales, institucionales y de infraestructura para implementar el nuevo sistema. La decisión generó reacciones políticas, entre ellas cuestionamientos públicos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y acciones de dirigentes opositores al peronismo para promover un juicio político contra la jueza. Asimismo, la asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra Pascual.
En ese contexto, la AJB reclamó que se garantice la independencia del Poder Judicial y que las diferencias con una decisión judicial se canalicen por las vías institucionales correspondientes. El gremio puso especial énfasis en la situación del personal del juzgado y solicitó la intervención de la Suprema Corte bonaerense, la Procuración General y el Ministerio de Justicia provincial para que se adopten medidas que garanticen la seguridad de la magistrada y de los trabajadores, y permitan el normal funcionamiento del organismo.
“Exigimos el cese inmediato de los ataques”, planteó la organización sindical, que advirtió sobre la gravedad de que una decisión judicial derive en una campaña de presión sobre quienes integran el organismo. La AJB respaldó la decisión de Pascual y sostuvo que la magistrada actuó dentro de sus facultades constitucionales y que su resolución puede ser cuestionada y revisada mediante los mecanismos previstos por el sistema judicial, pero no mediante campañas de “presión, persecución o amedrentamiento”.
En su pronunciamiento, el gremio defendió “la independencia del Poder Judicial y el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales”. Además, sostuvo: “Resulta especialmente preocupante que desde los principales medios de comunicación y desde distintas instancias del Gobierno nacional, incluso a través de funcionarios y personalidades con altísimas responsabilidades institucionales, se alimente una campaña de desprestigio, presión y ataque contra una magistrada por una decisión adoptada en el ejercicio de sus facultades constitucionales”.
Fuente: Agencia DIB.