La Libertad Avanza intentará dictaminar el miércoles un proyecto de ley para modificar el régimen de biocombustibles, mientras las PyMES bonaerenses advierten sobre un posible impacto negativo en el sector.
La Libertad Avanza buscará dictaminar el miércoles en comisiones un proyecto de ley para modificar el régimen de biocombustibles, con el objetivo de llevarlo al recinto del Senado la semana siguiente. El avance generó alerta entre las PyMES bonaerenses del sector, que sostienen que los cambios favorecerían a grandes compañías radicadas en Santa Fe y afectarían a las 10 plantas que producen cerca del 40% del biodiésel en territorio bonaerense.
La iniciativa de cambiar el régimen de producción de biodiésel (a base de aceites vegetales) y bioetanol (a base de azúcar y almidón de cereales) existe desde hace al menos dos años, pero hasta ahora no había logrado consenso. En las últimas semanas, Patricia Bullrich activó negociaciones y busca aprobar un dictamen en un plenario conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado.
El proyecto S-809/26, presentado por Bullrich, se presenta como una política para «liberalizar» el sector. Dispone varios cambios al esquema actual, entre ellos el aumento del porcentaje de corte para el biodiésel del 7,5% al 10%, tanto para las empresas integradas (vinculadas a las grandes exportadoras y a la industria aceitera) como para las no integradas, que son las PyMES que abastecen el mercado interno.
Ante el avance del proyecto, las PyMES bonaerenses alertaron sobre un lobby de las grandes compañías asentadas en Santa Fe, cuyo objetivo sería trasladar el peso de la industria hacia firmas concentradas en el complejo agroexportador del Gran Rosario. En el sector circula la versión de que Pan American, la petrolera de los Bulgheroni, prepara un desembarco en este negocio.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que nuclea a las empresas bonaerenses, emitió un comunicado en el que señala que sus compañías «quedarían condenadas a la quiebra» si se aprueba el proyecto. El sector opera diez plantas en Saladillo, Ramallo, Pilar, Daireaux, Junín y Bahía Blanca, que sostienen 500 empleos directos y alrededor de 3000 puestos indirectos vinculados con transporte, logística, insumos y servicios.
«No es desregulación ni libre mercado. Es cambiar una regulación por otra que modifica arbitrariamente a sus beneficiarios», afirmó la cámara en un comunicado.
Las compañías regionales reclaman que el biodiésel reciba un tratamiento similar al previsto para el bioetanol. El proyecto contempla segmentos diferenciados para la producción basada en caña de azúcar y maíz. Para Cepreb, ese mismo criterio debería reconocer las diferencias estructurales entre las plantas del interior y los establecimientos ubicados cerca de los puertos santafesinos.
El sector también rechaza la división entre empresas «integradas» y «no integradas». Según Federico Martelli, titular de Cepreb, esa clasificación deja de lado variables determinantes como la cercanía a la materia prima, la infraestructura y la logística. La cámara propone una segmentación regional que permita competir entre compañías con condiciones productivas comparables.
Un informe empresario calcula que las plantas generan un valor cercano a los 415 millones de dólares anuales y advierte que una caída de actividad también afectaría la recaudación municipal. El impacto alcanzaría a la cadena de extrusado de soja: Buenos Aires concentra 96 establecimientos de ese tipo distribuidos en más de 50 localidades, que producen el aceite crudo utilizado por las elaboradoras de biodiésel y sostienen entre 750 y 960 puestos directos.