La actividad portuaria permanece paralizada por cuarto día consecutivo por el paro de prácticos. El Gobierno defendió el decreto de desregulación y anticipó sanciones, mientras el gremio anunció acciones judiciales.
La actividad en los puertos argentinos permanece paralizada por cuarto día consecutivo debido a un paro de prácticos. El Gobierno nacional defendió el decreto 690/2026 que desreguló la actividad y advirtió con sanciones a los profesionales que sostienen la medida de fuerza, bajo el argumento de que se trata de un servicio esencial.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa explicó que con el decreto se busca “bajar el costo argentino” en el transporte marítimo. Según Ravier, la norma redactada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a reducir costos “con competencia”. Afirmó: “abrimos la competencia para permitir, en este caso del practicaje, que puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos”.
Ravier advirtió que habrá sanciones para los más de 500 prácticos que están sin trabajar. Declaró: “Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen esto para perjudicar la logística. Este es un servicio esencial que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones”. Prefectura Naval había intimado a los prácticos a retomar el servicio.
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó al decreto de inconstitucional y anticipó una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo ante la Justicia Federal, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación. La Asociación sostiene que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad en las maniobras de grandes buques en la aproximación y el ingreso a los puertos.
El decreto 690/2026 elimina el límite de cupos para la inscripción de prácticos, habilita a armadores y agencias marítimas a contratarlos en forma directa, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permite a capitanes con determinada experiencia navegar sin contratar un práctico. Sturzenegger había resumido el espíritu de la reforma al señalar que la norma buscaba “desarmar kioscos”.
El paro afecta los puertos desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial impacto en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Decenas de buques permanecen sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
La Cámara Argentina de Energía advirtió que la prolongación de la medida podría generar problemas de abastecimiento energético. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, calculó pérdidas de “entre 50 y 100.000 dólares por día” y por buque. Idígoras afirmó que “la afectación es total. Esto alcanza el 100% de las operaciones de todos los buques del país, los que traen autos, los que descargan combustible, todos, todos los puertos, los barcos que circulan por Asia y desde la Argentina están paralizados”.