La actividad en los puertos argentinos permanece paralizada por cuarto día consecutivo por el paro de los prácticos. El Ejecutivo defendió el decreto de desregulación y anunció sanciones para quienes sostengan la medida de fuerza, mientras el gremio anticipó acciones judiciales.
La actividad en los puertos argentinos permanece paralizada por cuarto día consecutivo debido al paro de los prácticos. El Gobierno nacional defendió el decreto que desreguló la actividad de esos profesionales y advirtió con sanciones a quienes sostengan la protesta, bajo el argumento de que se trata de una “actividad esencial”.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa, explicó que el decreto 690/2026, que desreguló el practicaje, busca “bajar el costo argentino” en el transporte marítimo. Según Ravier, la norma, redactada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, permitirá “abrir la competencia para que puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos”.
Ravier advirtió que los más de 500 prácticos que están sin trabajar podrían recibir sanciones. “Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen esto para perjudicar la logística. Este es un servicio esencial que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones”, afirmó. Prefectura Naval había intimado a los prácticos a retomar el servicio.
La esencialidad implica que, pese a una medida de fuerza, se debe asegurar el 75% de la prestación del servicio, situación que no se está cumpliendo. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó al decreto como inconstitucional y anticipó una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo ante la Justicia Federal, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación. La Asociación sostiene que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad en las maniobras de grandes buques en la aproximación y el ingreso a los puertos.
El decreto 690, que sustituye al reglamento de practicaje vigente desde 1991, elimina el límite de cupos para la inscripción de prácticos, habilita a armadores y agencias marítimas a contratarlos de forma directa, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permite que capitanes con determinada experiencia naveguen sin contratar un práctico. Sturzenegger había resumido el espíritu de la reforma al afirmar que la norma buscaba “desarmar kioscos”.
El paro afecta a los puertos desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial impacto en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Decenas de buques permanecen sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes. La Cámara Argentina de Energía advirtió que la prolongación de la medida podría generar problemas de abastecimiento energético. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), calculó pérdidas de “entre 50 y 100.000 dólares por día” por buque y señaló que “la afectación es total: alcanza el 100% de las operaciones de todos los buques del país”.