Luego de la detención de una exoficial de la policía bonaerense por integrar una red dedicada a reclutar personal de las fuerzas armadas y de seguridad argentinos para combatir como mercenarios en la guerra de Ucrania, presentaron un proyecto de ley para tipificar como delito esa práctica en el Código Penal.
Tras la detención de Griselda Inés Ortiz, expolicía bonaerense apresada en Tigre, se presentó un proyecto de reforma al Código Penal para tipificar el reclutamiento de mercenarios. La investigación está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (FR) presentó la iniciativa, que define como mercenario a quien, a cambio de una remuneración, preste servicios de naturaleza militar fuera de los supuestos autorizados por el Derecho Internacional o la legislación nacional. La norma penaliza tanto la conducta individual como la constitución, financiamiento, organización e integración de estas estructuras.
Según los fundamentos del proyecto, la norma busca preservar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y proteger bienes jurídicos como la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. Se prevé un agravamiento de las penas cuando las organizaciones afecten la defensa del país, utilicen a menores de edad o faciliten la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo.
El texto excluye explícitamente de su alcance a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policiales en funciones oficiales, las misiones autorizadas por la ONU, las empresas de seguridad privada que operan conforme a la ley y al personal humanitario y sanitario.
La iniciativa incorpora una perspectiva adaptada a los conflictos híbridos contemporáneos, reconociendo las modalidades transnacionales de reclutamiento, financiamiento y operación. Según Gutiérrez, la legislación argentina vigente no dispone de herramientas específicas para enfrentar estas amenazas. El autor afirmó: «Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado».
La necesidad de fortalecer la regulación interna responde a advertencias de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (Documento de Montreux), el Grupo de Trabajo de la ONU y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que han alertado sobre la expansión de estas estructuras y los riesgos para el Derecho Internacional Humanitario.
Fuente: Agencia DIB.