La central obrera confirmó su participación en la manifestación convocada para el 6 de agosto frente al Congreso, en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno.
La CGT confirmó su participación en la marcha convocada para el próximo 6 de agosto frente al Congreso, en contra de la ley que elimina topes para la venta de tierras a extranjeros. Así lo indicaron fuentes sindicales a la agencia DIB.
La central obrera se sumará a las dos CTA, a los movimientos sociales de la UTEP y a organizaciones de izquierda y agrupaciones de autoconvocados que convocaron a la manifestación. La marcha se realizará el jueves de la semana próxima, día en que el oficialismo espera sesionar para aprobar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, elaborada por el ministro Federico Sturzenegger.
El debate de la ley fue postergado en cuatro ocasiones. La senadora Patricia Bullrich convocó a un cuarto intermedio de la Cámara alta para el 6 de agosto, al considerar que no contaba con los apoyos suficientes de los aliados.
“Vamos a acompañar”, afirmó una alta fuente de la CGT a DIB sobre la acción de la central. Esta participación se enmarca en la agenda de acciones escalonadas que el triunvirato de la CGT planificó para el segundo semestre del año.
La marcha del 6 de agosto está precedida por una semana de actividades coordinadas bajo la consigna “Argentina no se vende”, organizadas por la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, que incluyeron talleres, radios abiertas, banderazos y recolección de firmas en distintas provincias.
Contenido del proyecto
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada consta de 48 artículos y modifica cinco normas. Fue negociado por Sturzenegger con los gobernadores en el Consejo de Mayo.
La iniciativa modifica el régimen de expropiaciones: fija la indemnización al valor de mercado, con un tope del 30% para el lucro cesante, y prohíbe transferir el dominio sin pago previo. También acelera los desalojos mediante juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego que impedía, por 30 años, cambiar el uso de tierras incendiadas.
El capítulo sobre tierras reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011. Esa norma limita al 15% la tierra en manos extranjeras, prohíbe que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, veda la compra de más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.
El Gobierno intentó derogar la ley por decreto a fines de 2023, pero una medida cautelar judicial mantuvo su vigencia. Ahora busca modificarla por ley, dejando la potestad de fijar límites en manos de cada provincia y manteniendo solo la prohibición de compra por Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera.
La senadora Bullrich declaró: “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, pero “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”.
El resultado de la votación es incierto. Las miradas están puestas en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes reciben presión en su provincia para votar en contra. A esa presión se sumará también la CGT.