El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, defendió la vigencia de las PASO y pidió preservar el financiamiento público de las campañas, en el marco del debate por una reforma nacional.
El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien tiene bajo su competencia el sistema electoral en la provincia de Buenos Aires, defendió la vigencia de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y solicitó preservar el financiamiento público de las campañas políticas. Estas declaraciones se producen en medio del debate por una reforma nacional que podría modificar ambos aspectos.
Ramos Padilla formuló declaraciones a la Revista Jurídica de la Universidad Nacional del Oeste, en las que resaltó la necesidad de preservar aspectos del sistema electoral actual, aunque indicó que son perfectibles. En ese sentido, señaló la necesidad de evitar “posturas excesivamente conservadoras”.
Las PASO están en el centro del debate actual: el gobierno nacional busca eliminarlas o suspenderlas para este año, mientras que parte de la oposición, en especial el peronismo, las defiende. El peronismo enfrenta dificultades para resolver sus disputas internas sin esa herramienta.
El juez reconoció que esas elecciones fueron “fuertemente” cuestionadas en el debate político actual, pero pidió preservarlas. “Ampliar a toda la ciudadanía la posibilidad de incidir en la definición de candidaturas constituye un paso relevante en términos de democratización”, explicó.
De todos modos, el magistrado consideró “razonable” discutir mejoras a ese sistema. “Existen propuestas para perfeccionarlas, estableciendo que la obligatoriedad recaiga sobre los partidos y no sobre los electores, o garantizando mayor representación de minorías internas mediante mecanismos proporcionales, como el sistema D’Hondt”, indicó.
Respecto al financiamiento, Ramos Padilla fue tajante: “Un elemento prioritario para preservar es el sistema de financiamiento mixto de las campañas electorales. Este año se cumplen veinte años de la sanción de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y su lógica sigue siendo fundamental: garantizar que la competencia electoral no se vuelva inviable por las desigualdades de recursos entre fuerzas políticas”.
Además, explicó que “no se trata de un igualitarismo extremo ni de que todos los partidos cuenten con los mismos fondos, sino de asegurar un piso mínimo de equidad mediante el aporte público, y un techo razonable a través de la regulación de los aportes privados, limitando la influencia del lobby”.
En esa línea, advirtió sobre los riesgos de una menor regulación del financiamiento privado: “Cuando estos límites no existen o son débiles, como ocurre en algunos casos en Estados Unidos, grandes actores económicos pueden financiar campañas con montos desproporcionados, generando ventajas decisivas en la competencia. Ese poder económico suele traducirse luego en capacidad de presión sobre la política y en pedidos de favores, lo que deteriora la legitimidad democrática”.
Fuente: Agencia DIB.