La Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno nacional de prohibir que los municipios cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos, al considerar que no vulnera la autonomía municipal.
La Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, emitió dos dictámenes en los que respaldó la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio. Dicha norma establece que las facturas de servicios públicos deben referirse «en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor» y no pueden incluir «sumas o conceptos ajenos» a esa prestación.
Los dictámenes concluyeron que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. En ese sentido, recomendaron a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.
La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales. Pese a la decisión impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, varios municipios obtuvieron fallos a favor en la Justicia. La Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.
En paralelo, el partido La Libertad Avanza impulsó más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof afirmó que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.