La Procuración General de la Nación emitió dictámenes que apoyan la resolución del Gobierno nacional que prohíbe a los municipios incluir tasas locales en facturas de luz y gas.
La Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno nacional de prohibir que los municipios cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos. En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos.
Los dictámenes recomiendan a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz. Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios «deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor» y que no podrán contener «sumas o conceptos ajenos» a esa prestación.
La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales. Pese a la decisión impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. La Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.
En este contexto, La Libertad Avanza impulsó más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof criticó la medida y afirmó que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.
En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. El dictamen descartó una afectación de la autonomía municipal.
En el expediente de José C. Paz, el procurador agregó que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas «no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados».
Los dictámenes no son vinculantes, pero suelen funcionar como una recomendación hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.