El fiscal general Diego Velasco solicitó seis años de prisión para el exministro Julio De Vido, el exsecretario José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender en el marco del juicio por el desvío de $206 millones destinados a viviendas sociales.
El fiscal general Diego Velasco pidió este jueves seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario Abel Fatala y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender. La solicitud se realizó durante el alegato en el juicio oral que investiga el desvío de $206 millones que originalmente estaban destinados a la construcción de viviendas sociales en el marco del proyecto “Sueños Compartidos”.
“Se creó un sistema de corrupción institucional a través de la manipulación y contratación”, sostuvo Velasco ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, según informó el sitio del Ministerio Público Fiscal. El fiscal consideró que los exfuncionarios eran coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que los hermanos Schoklender fueron partícipes necesarios.
Además, Velasco solicitó cuatro años de prisión para los exfuncionarios de Santiago del Estero Daniel y Karina Nasif, junto con los exintegrantes de la Secretaría de Obras Públicas Carlos Castellano y Daniel Freidin, señalados como partícipes secundarios de la maniobra.
El fiscal, junto al fiscal coadyuvante Juan Argibay Molina y el auxiliar fiscal Diego Puñet, reclamaron el decomiso de $206 millones, monto que consideraron el piso mínimo de la maniobra. Indicaron que ese monto deberá ser actualizado mediante el Índice de Precios al Consumidor al momento en que quede firme la sentencia.
El debate continuará el 5 de agosto con el alegato de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). Durante el alegato, que se extendió por más de diez horas, la fiscalía reconstruyó la estructura delictiva que habrían conformado los acusados entre 2007 y 2011, período en el que desde el Estado Nacional se estipuló que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibiera fondos de manera directa para obras de vivienda en distintas provincias.