En una audiencia judicial, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon manifestaron su intención de alcanzar un acuerdo por el complejo de balnearios Punta Mogotes.
La Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon manifestaron su intención de llegar a un acuerdo por el complejo de balnearios Punta Mogotes. Lo hicieron en una audiencia con el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Simón Isacch.
Según el diario La Capital, el juez Isacch instó a las delegaciones a explorar una conciliación que abarque tanto la demanda principal como la causa conexa Nº 32.496, expedientes que tramitan de forma conjunta. Frente a la propuesta, los apoderados de ambas jurisdicciones manifestaron que se encuentran en conversaciones para lograr un acercamiento.
Isacch hizo lugar a una petición conjunta y dictó un cuarto intermedio hasta el 4 de agosto, momento en que se reanudarán las negociaciones en la sede judicial. La resolución determinó la suspensión inmediata de todos los plazos procesales para facilitar el avance de las mesas de trabajo políticas y técnicas.
Por el lado bonaerense asistieron la subsecretaria de Turismo, María Soledad Martínez; la subsecretaria Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de la Producción, Noelia Fernández; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y el jefe de Gabinete de esa área, Francisco Zannini. La representación local recayó en los abogados Matilde Casado y Mauro Martinelli, mientras que por la Administración de Punta Mogotes concurrieron Gonzalo Raventos y Fernando Maraude.
El complejo está a cargo desde hace más de cuatro décadas de un ente (la APM) conformado en un 70% por la provincia de Buenos Aires y en un 30% por la comuna. El municipio inició un reclamo en agosto de 2024 para recuperar el control, lo que motivó una demanda judicial. En mayo de este año, la Provincia anunció el inicio de un proceso para el traspaso del complejo al municipio, pero el municipio rechazó la propuesta y presentó un recurso de amparo para frenar la licitación pública hasta que se resuelva la cuestión de fondo.